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Parece que de acuerdo a la apreciación y oposición a la ubicación de la cárcel regional de Ñuble, que han manifestado algunos políticos, dirigentes sociales, alcaldes y otros en la misma línea, no queda otra solución que hacer una cárcel online, donde tanto la vigilancia como las acciones de reinserción, así como las visitas de las familias, se hagan vía Internet.
¿Dónde estarían los presos? En algún lugar de la red, remoto por cierto, donde nadie los vea, ni a ellos ni a sus familias, porque son contaminantes, tienen “el virus de la maldad”.
Esa es la conclusión a que se llega al observar la reacción de parlamentarios y dirigentes sociales para oponerse a la construcción de una cárcel regional en Ñuble, en las cercanías de San Carlos.
El diputado que lidera la oposición es el mismo que se opuso en 2009 a un inmejorable terreno cerca de San Nicolás, de modo que no sorprende. Tampoco sorprenden algunos argumentos que dicen que no quieren un nuevo Colina, como si los aproximados 400.000 habitantes de la región de Ñuble fueran comparables con los más de 7.000.0000 de la región metropolitana.
Chillán tiene una cárcel en pleno centro desde 1939, y nunca ha representado un problema de seguridad, salvo el episodio excepcional producido por el terremoto de 2010. Tampoco ha sufrido la degradación del barrio por la supuesta contaminación de los familiares. Estos argumentos se fundan en la ignorancia y en el prejuicio y los del diputado en irresponsabilidad y populismo.
El rechazo a la ubicación de la cárcel, con argumentos como los señalados y con una actitud reactiva por parte de las autoridades del sector, que más se asemejan a un ataque de nervios que a un liderazgo constructivo, solo denota un forma de hacer política cortoplacista que no ofrece soluciones sustentables en el mediano y largo plazo. Es más, muchos de los argumentos dados de asemejan más a las fake news que a la realidad, que requiere que los actores públicos actúen con responsabilidad.
Nadie parece entender o querer entender que la reinserción es un tema de seguridad pública y no derechos o paternalismo social. Se estima que un rehabilitado influye en 25 personas, así 100 rehabilitados influyen positivamente en 2.500, y así sucesivamente. Se trata entonces que entre todos construyamos una sociedad más segura.
Una cárcel adecuadamente manejada, significa una contribución al crecimiento de una comuna y su entorno y no una maldición como lo insinúan los opositores a la ubicación. Sí, hubiese sido deseable que el Ministerio de Justicia hubiese transparentado las otras ofertas, las evaluaciones y las razones del porqué se eligió el terreno en las proximidades de San Carlos, de modo de no dejar la sensación de secretismo y hechos consumados, como si esta decisión estuviera revestida de una actitud culposa, y no como debiera ser, de responsabilidad política y que da respuesta a los desafíos del futuro.
Es de esperar que no ocurra lo de siempre, de lo contrario seguiremos esperando eternamente por una solución que no llega nunca.
