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El Gobierno confirmó el lunes que pretende construir la nueva cárcel regional en la comuna de San Carlos, permitiendo así erradicar el actual centro penitenciario ubicado en el centro de Chillán.
Se trata de un hecho altamente relevante, pues el anuncio del emplazamiento, realizado el pasado lunes por el intendente Martín Arrau y la seremi de Justicia Jacqueline Guíñez, es la mayor definición desde la génesis de este proyecto que se remonta a 2006, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet.
Como muchos otros anuncios, éste no se concretó, sin embargo, el terremoto de 2010 dio una señal de alerta respecto de la necesidad de sacar la cárcel del centro de la ciudad, dado que aquella fatídica madrugada se produjo un incendio en el penal y una fuga masiva de reos que terminó con tres muertos, casas incendiadas y pánico entre los vecinos.
Y si bien la primera administración de Sebastián Piñera asumió como un compromiso la construcción de una nueva cárcel, y paralelamente se reparó el antiguo centro penitenciario, la iniciativa se encontró con un nuevo obstáculo cuando se evaluaban terrenos para su instalación: la oposición de las comunidades que no querían tener una cárcel en su entorno.
Ahora, en su segundo Gobierno, ha vuelto a poner el tema en el debate público y ha ocurrido lo mismo. Tras definir un terreno de 31 hectáreas para su emplazamiento, ubicado en el sector San Miguel de Ablemo, autoridades y dirigentes vecinales y gremiales de San Carlos han levantado un frente para oponerse a su emplazamiento
Y si bien es válido el reclamo y atendible sus argumentos, los alcances de este proyecto hacen necesario considerar algunos aspectos que no necesariamente han estado presentes en el proceso y que por lo mismo podrían amenazar su viabilidad.
En primer lugar, habría sido deseable una mayor participación ciudadana en la discusión sobre la ubicación y características del proyecto, así como una actitud colaborativa de los alcaldes y las comunidades. Sin embargo, el primero es requisito del segundo, y como aparentemente falló, las consecuencias están a la vista: oposición cerrada de la comuna y de sus principales líderes.
Segundo, la ubicación debería escogerse pensando en los usuarios del recinto, es decir, los mismos reos, sus familias, los funcionarios de Gendarmería y los abogados. No se trata de personas de segunda clase, y merecen contar con buena accesibilidad y eso incluye transporte público. Por lo anterior, los cuestionamientos a la vialidad que conecta al terreno escogido deben ser debidamente atendidos, a fin de que no sea una isla y prácticamente un exilio.
Para Ñuble y para Chillán sería positivo contar con una cárcel moderna y accesible, no solo por el impacto económico y de generación de empleos que significaría su construcción y operación, sino -y sobre todo- por el beneficio que debe representar, como un espacio adecuado para implementar políticas de reinserción. Es hora que autoridades locales, regionales y del nivel central dialoguen, pensando en los principales actores involucrados, dejando de lado intereses mezquinos y la típica mirada negativa sobre un recinto que tiene por misión recluir a los infractores de la ley, pero también darles la posibilidad de reinsertarse socialmente.
