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A partir de ayer, el sargento de Carabineros de la subcomisaría de Quillón, Michel Espinoza Jara, junto a los cabos del mismo destacamento, Bernardo Cares Meliñanco, Rodrigo Soto Ibáñez y Rudy Huenuhueque Neculhueque, están privados de libertad e internados en la sección especial para funcionarios y exfuncionarios de las instituciones uniformadas, de la cárcel de Concepción, en la Región del Biobío.
Esto, luego que fueran formalizados por seis hechos ilegales, en los que concursaran delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de actas policiales (las que incluían declaraciones sustancialmente falsas), denuncias falsas, cohecho, hurto simple, detenciones ilegales, y microtráfico de drogas.
Los imputados, quienes fueron provisionalmente dados de baja por la institución el pasado miércoles, fueron formalizados por el fiscal Pablo Fritz, en el Juzgado de Garantía de Bulnes, como resultado de una investigación realizada por la Unidad Interna de Inteligencia de Carabineros Ñuble, con especial participación de la SIP de Bulnes.
Estas indagatorias, que se nutrieron de declaraciones de afectados, levantamiento de imágenes captadas por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares, de la incautación de actas policiales, entre otros documentos, permitieron establecer que los detenidos actuaron, presuntamente dirigidos por el sargento Espinoza (según la tesis fiscal), para robar dinero, especies y cometer el resto de las irregularidades simulando la ejecución de operativos policiales con mandatos judiciales.
Los afectados, al menos en los seis hechos constatados en la audiencia, eran personas conocidas por estos funcionarios, ya que habían sido objeto de formalizaciones, o infraccionados con anterioridad.
Por esta razón, algunos de las víctimas eran ciudadanos chinos, dueños o regentes de casinos populares a quienes detuvieron de manera ilegal, simulando procedimientos por rotura de sello, contrabando de cigarrillos o venta ilegal de alcohol, sin que nada de eso realmente hubiese ocurrido.
En ese contexto es que se apropiaban del dinero de las recaudaciones (que promediaban cerca de $1.800.000 por local), y productos como bebidas energéticas, entre otros que estos tenían a disposición de sus clientes.
También fueron objeto de estas simulaciones de operativos algunos vecinos de localidades rurales quienes contaban con antecedentes por porte ilegal de arma o desacato. En estas oportunidades, también ingresaban de manera ilegal a sus casas para detenerlos y apropiarse de objetos de valor desde sus domicilios.
El fiscal Fritz dijo al finalizar la audiencia (que se extendió casi por cinco horas) que “llama la atención es que parte de estas víctimas son personas vulnerables. Ciudadanos chinos que no entienden el idioma castellano, por lo que les resulta muy difícil denunciar los hechos, y a una persona del sector rural, quien vive en un sector tan alejado, que le fue difícil poder denunciar el delito”.
El persecutor añadió en la audiencia dirigida por la magistrado Alejandra Cruz, que en ocasiones escribían en los partes “que en los lugares en los que ocurrieron los hechos no había cámaras, cuando realmente sí había, para de esta manera garantizar su impunidad”.
De hecho, algunos de los relatos incluían el detalle que los funcionarios habían sacado los discos duros de las cámaras, para evitar que las imágenes los delataran.
Los delitos expuestos ante el tribunal se cometieron durante el mes de mayo de este año, sin embargo, en la misma audiencia -y a modo de defender la solicitud de las cautelares- el fiscal Fritz comentó que hay otras dos investigaciones que se siguen dentro del contexto del actuar de los cuatro funcionarios.
Penas de 10 años de cárcel
Los defensores de los imputados, Rodolfo Aguayo, de la Defensoría Penal Pública de Ñuble, y el abogado particular Patricio Herrera, pusieron en duda que se tratara de una organización criminal, como lo sugirió la fiscalía, y pidieron que como medidas cautelares se les decretaran las de arresto domiciliario nocturno o total, considerando que tenían irreprochable conducta anterior y un arraigo familiar conocido, lo que no haría pensable un intento de fuga.
En contraste, el fiscal Fritz, agregó a sus argumentos para pedir la prisión preventiva, que por los delitos cometidos, el actuar de manera concertada y valiéndose de su condición de carabineros, “estamos hablando de penas que parten en los 10 años”, dijo.
Tras tomarse un receso de cerca de una hora, la jueza Alejandra Cruz, quien incluso dijo recordar haber estado en las audiencias de las personas detenida por estos funcionarios, decretó la medida de prisión preventiva, y decretó un plazo de investigación judicial de ocho meses.
