Desde 1960 el PIB nacional creció casi un 500% y la productividad sólo un 8%, lo que nos demuestra que no estamos acompañando el crecimiento del país al mismo ritmo. El tema obviamente no es menor y no solo por sus alcances macroeconómicos, pues para tener empleos de calidad -bien lo sabe esta Región- también es importante crecer productivamente, de lo contrario solo lograremos con el pasar del tiempo trabajos de menor calidad.
Un reciente reporte de la OCDE sobre Chile plantea que el país no debiera tener complejos en impulsar políticas públicas de incentivo a la industria y le asigna especial relevancia al desarrollo territorial, reiterando su preocupación por la gran disparidad geográfica en ingresos, productividad y formación del capital humano.
Este último factor es de especial importancia para Ñuble, que tiene un serio problema de capacitación, lo que repercute en la escasez de emprendimientos y reduce las posibilidades de generar valor agregado a la producción. Ello significa, en la práctica, que de no ocurrir un cambio, la zona seguirá produciendo y comercializando commodities (madera, celulosa y frutas, principalmente), y los salarios de sus trabajadores seguirán siendo bajos en comparación con el promedio nacional.
Según un estudio de la Fundación Sol, en Ñuble, el 70% de los asalariados en Ñuble percibe una remuneración igual o inferior a 503 mil pesos, el segundo promedio más bajo del país, después de Maule. Esto se traduce en preocupantes tasas de migración hacia otras regiones donde existen más oportunidades de crecimiento. Mediciones como la Casen o el Censo han revelado que la mayoría de las comunas de la Región ha reducido su población joven, lo que ha sido un factor determinante en las altas tasas de pobreza que exhiben.
Casos como los de Ninhue, Trehuaco y San Ignacio son ejemplos claros de zonas rurales que dependen de una agricultura con bajos niveles de desarrollo y de las transferencias del Estado a la población, principalmente adultos mayores.
Es, sin duda, un círculo vicioso que requiere revertirse, pues la escasez de capital humano calificado reduce las opciones de generar nuevos emprendimientos, lo que a su vez significa menos oportunidades laborales.
Este círculo vicioso en que los salarios bajos son un desincentivo para la atracción de profesionales, y la falta de profesionales dificulta la agregación de valor a la producción y la generación de emprendimientos, hace necesaria una intervención estatal que tenga por objetivo crear las condiciones para aumentar la inversión privada, y por otro, focalizar los incentivos en las micro, pequeñas y medianas empresas que agreguen valor, así como en el emprendimiento.
Hoy tenemos 19 centros de enseñanza superior, con una matrícula de 25 mil estudiantes, de modo que solo falta que las políticas públicas propuestas efectivamente tengan una real y positiva aplicación local, sean capaces de retener a los profesionales aquí formados y creen espacios para el aprovechamiento de ese gran capital humano.
