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Setenta y seis candidaturas a consejeros regionales, alcaldes y concejales fueron rechazadas por el Servicio Electoral por diversos motivos.
El más común fue la falta de algún documento o declaración jurada, o la no presentación de ésta en original o documento autentificado, seguido de la no renuncia a la militancia en los tiempos exigidos por la ley para postularse como independientes.
En la primera situación se encuentran el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo (PS); los concejales de Chillán, Brígida Hormazábal (PS) y de Portezuelo, Alan Ibáñez (UDI); y los candidatos a alcalde del oficialismo en San Ignacio, Rodny Baeza, y de Chile Vamos en Trehuaco, Isaías Cruces.
Todos ellos podrán ingresar sus reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble en un plazo de cinco días desde que se emitió la resolución de aceptaciones y rechazos.
“Lo mío es la declaración ante notario de inhabilidades, que seguramente se traspapeló, pero como la tenía guardada, ya que se envió escaneada, la volví a mandar y la tengo en físico, así que no debería haber problemas. El compañero Gastón Suazo ya hizo también su apelación”, sostuvo la presidenta regional del PS, Brígida Hormazábal.
Sin embargo, lo que causó mayor revuelo fue que a nivel nacional, cerca de 200 candidaturas fueron rechazadas por la causal de encontrarse los postulantes en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. En el caso de Ñuble, se trata de seis aspirantes a concejales: Claudio García (PS), en Chillán Viejo; Justo Neira (DC), en Coelemu; Mariela Figueroa (DC) y Pedro Parra (ind.-PL), en Ninhue; y Carlos Torres (ind.-RN) y Carlos Crisóstomo (ind.-RN), en Quirihue.
En algunos casos, sus partidos los defendieron, pues argumentan que las situaciones descritas están ya subsanadas; en otros, decidieron no reclamar ante el TER.
“Desfase en la información”
Según el presidente regional de la DC, Paulo Campos, para su colectividad “es fundamental la idoneidad moral de los candidatos, y asimismo, la elegibilidad. La DC se ha propuesto ser la primera fuerza electoral de la centroizquierda en la región de Ñuble, en cuanto a alcaldes, concejales y consejeros regionales. En este sentido, la elegibilidad es fundamental. Por otra parte, la idoneidad moral preocupa. La ciudadanía demanda y exige estándares éticos a nuestras autoridades. Por lo tanto, nuestros candidatos han sido revisados y elegidos a fin de cumplir con este estándar”, precisó.
Respecto de los candidatos de su partido rechazados por ser deudores de alimentos, Campos manifestó que “en su momento, pedimos los antecedentes, y a este presidente le consta que al día de hoy no existe deuda de alimento. Por lo tanto, se van a presentar las apelaciones correspondientes dentro de los plazos legales, y en este momento esperamos contar con los certificados de registro civil que puedan demostrar tal situación. Personalmente me he interiorizado que dichas deudas han sido regularizadas, y restan trámites administrativos de carácter judicial, como es la liquidación de alimentos, y que ésta sea informada al registro civil”, aseveró.
Desde el Partido Liberal, su presidente regional, Mario Cruces, expresó que, “efectivamente, habrá apelación debido a que se revisaron los antecedentes y el candidato cumple con todo, y tiene documentación para acreditarlo. Hay un equipo de abogados dedicado a presentar esta reclamación, ya que nos preocupa de sobremanera la resolución de rechazo, que no se condice con la realidad ni con los ideales de nuestro partido. Afortunadamente, nos encontramos dentro de los plazos legales para subsanar su inscripción”, sostuvo.
En el caso del candidato del PS, Brígida Hormazábal dijo desconocer la situación, y manifestó que el candidato la estaba enfrentando de manera personal.
Más taxativo se mostró el presidente regional de RN, Rodrigo González.
“RN tomó la decisión de no apelar a ninguno de los candidatos que estén con deuda de pensión alimenticia. Lamentablemente, nosotros antes de la inscripción no teníamos cómo saber estos antecedentes, por lo tanto, nos quedamos solo con la información que nos entregaban los candidatos, y en estos casos no sabíamos que teníamos este problema. Por lo tanto, el partido tomó una decisión en su comisión política, en la directiva nacional, y finalmente no se va a reclamar ninguna de esas candidaturas”, planteó.
Error de “papeleo”
En la UDI, su presidenta regional, Isabel Troncoso, manifestó que están “bastante optimistas, porque nuestras apelaciones no son situaciones muy complicadas. En el caso del candidato a alcalde por Trehuaco, Isaías Cruces, es porque la declaración jurada tenía que subirse en dos hojas, o sea, iba en un PDF, entonces seguramente él subió una sola hoja, y uno podía subir una hoja, pero al subir la segunda, la primera se eliminaba, entonces ahora ya estamos mandando la original, la que corresponde, con las dos hojas”, afirmó.
En el caso de Alan Ibañez, candidato a concejal por Portezuelo, “también se están enviando los documentos que corresponden. En esos dos casos solamente tenemos problemas con las declaraciones juradas, y en los demás sí tenemos casos de concejales y de cores, en donde de acuerdo a la ley, según la observación que hace el Servel, no tenían los dos meses de afiliación en el partido político, pero esa fue una ley, la ley antidíscolos, que se creó con la finalidad de que la gente no se esté cambiando de un partido a otro, pero toda nuestra gente no pertenecía a ningún partido político anteriormente, así que también tenemos la esperanza de que el Servel acoja nuestra apelación.
En el PPD, en tanto, su presidenta regional, Yesenia Figueroa, afirmó que el equipo jurídico de la colectividad apelará los rechazos de sus candidatos, que fueron, en su mayoría, por la falta de documentación.
“Todos los antecedentes serán presentados antes del 16 de agosto, que es la fecha límite. Recordemos que, de todas formas, hay una segunda instancia, que es el Tricel, la que esperamos no utilizar. Ayer Rodny Baeza se entrevistó con nuestro equipo de abogados y fue recibido por nuestro secretario general, José Toro, quien le entregó el plan de acción para enfrentar la apelación en su caso particular”, aseveró.
