La propensión de la política nacional a vaciarse de contenido y convertirse en mero espectáculo está a punto de sumar un nuevo capítulo, referido esta vez al segundo proceso constitucional, específicamente al Plebiscito Constitucional del 17 de diciembre. Así lo advierten analistas y expertos en marketing político que fueron consultados por La Discusión, a propósito del próximo inicio del período de propaganda electoral.
No hay que hacerse grandes expectativas, coinciden. Básicamente, tendremos muy poco análisis y esfuerzos por comprender lo que fue redactado y aprobado por el Consejo Constitucional, pero sí muchos discursos simplistas y polarizantes que en nada contribuyen a un voto más informado de parte de la ciudadanía. De hecho, son lo contrario, una apuesta por los aspectos más superficiales de la relación entre representantes y representados, donde la argumentación que conduce a la convicción es reemplazada por la promesa grandilocuente y la seducción, donde el debate profundo es reemplazado por la arenga populista y la superficialidad. O sea, todo muy parecido al período de propaganda del primer plebiscito, e incluso peor sostienen algunos analistas que vaticinan un clima hostil, de mucha desinformación y noticias falsas.
Se trata de un contexto grave para la democracia. Como dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando la información proviene de fuentes dudosas, es falsa o malintencionada, ejerce serios efectos en la democracia, como limitar las decisiones de la ciudadanía. Por lo tanto, de cara a la elección más importante de los últimos 40 años, se está amenazando el voto libre e informado de la gente. Y esto no sólo afecta el plebiscito, sino que pone en riesgo todo el debate en torno a un nuevo pacto social para el país.
En ese sentido, los espacios que realmente quieran aportar al debate constitucional deberán mover el eje de la discusión hacia lo que realmente implica la propuesta de nueva Carta Magna, qué significan las potenciales nuevas normas para la calidad de vida de las personas, y las diferencias entre la Constitución actual y la nueva propuesta que fue redactada durante un proceso muy similar al anterior, controlado por un sector político en particular, que lejos de buscar acuerdos mínimos que permitan consensuar un texto habilitante, optó por reforzar su propia identidad.
En un mundo donde la vigencia de los derechos humanos se ve amenazada por una serie de crisis políticas, sociales, económicas y climáticas, es imperativo observar si la propuesta de nueva Constitución ayudará a enfrentar los desafíos del futuro a partir de los estándares internacionales de derechos humanos, de la naturaleza y de fortalecimiento democrático.
El llamado a los ciudadanos es a ser capaces de distinguir entre la realidad y la demagogia y a no dejarse seducir por relatos efectistas o reduccionistas.
