Si bien el progresivo aumento del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Ñuble ha permitido combatir el fuerte déficit habitacional del país, existe un segmento de la población que aún vive en campamentos, generalmente ocupaciones ilegales que han derivado en asentamientos irregulares de familias que no cuentan con título de dominio, alcantarillado, ni una construcción digna.
Según el último catastro de campamentos realizado por el Minvu en 2018, en el país hay 822 de estos asentamientos, lo que refleja un aumento del 25% respecto a las últimas cifras que habían sobre la materia y que datan de 2011, donde se registraron 657. Se determinó, además, que 46.423 familias viven en alguno de estos campamentos. El mismo estudio cifró en 21 el número de asentamientos irregulares en la Región de Ñuble, con 398 familias.
Hay que reconocer, sin embargo, que desde la creación del programa Chile Barrio, en 1996, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se ha avanzado bastante en la erradicación, logrando reducir el número de campamentos desde 712 en 1996, a 490 en 2007. Pero paralelamente se produjo una nueva ola de tomas y retomas, en un periodo marcado por los efectos económicos de la crisis económica internacional de 2008, lo que también incidió en el aumento de familias bajo la línea de pobreza.
Ante ese escenario, el primer Gobierno de Bachelet implementó una nueva política habitacional, aumentando la cobertura, pero la urgencia del terremoto y tsunami de 2010 obligó a volcar los esfuerzos en la reconstrucción, y como resultado de ello, las cifras registradas en 2011 no variaron significativamente.
Siete años después, la escasez de suelo, el incremento en el valor de los arriendos y en algunas regiones (no es el caso de Ñuble) el aumento de inmigrantes, han influido en un incremento del déficit de viviendas y marcan una nueva etapa en la erradicación de los campamentos, que exige una planificación adecuada para que no se repitan experiencias lamentables de años recientes, en que se generaron guetos que fomentaron la segregación socio-espacial que ya se observa en las ciudades.
De igual forma, es necesario que mientras se avance en soluciones definitivas, se pueda trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en los asentamientos irregulares, con programas de inserción laboral, de acceso a servicios sanitarios, de combate al narcotráfico, de educación y de mejoramiento del entorno, pues un 34% vive en áreas de riesgo ambiental.
No se trata, en suma, solo de entregar bonos y subsidios habitacionales a estas familias, sino que de contribuir a que sus hijos, en el futuro, tengan las herramientas para acceder por sus propios medios a una casa propia. Es, en definitiva, nuestra gran deuda con la dignidad de quienes se han visto menos favorecidos con el crecimiento del país.