Una serie de dudas sin resolver existen hasta el momento respecto de la manera en que se gestionó durante muchos años la entrega de agua potable a través de camiones aljibes por parte de Biobío y desde el año 2018 por medio de la Intendencia Regional de Ñuble.
Este caso tiene varias aristas, entre ellas la formalización del exadministrador de Chillán, Ricardo Vallejos, a quien la fiscalía le imputa tres hechos registrados entre diciembre de 2019 y abril de 2020, relacionados con acciones tendientes a beneficiarse él y familiares suyos en la adjudicación de una licitación y dos contratos municipales para repartir agua en áreas de Chillán con escasez hídrica.
Junto con ello, no se descarta incluso en Intendencia que existan otras irregularidades o potenciales situaciones de conflictos de intereses entre funcionarios públicos, municipales e incluso particulares.
En las últimas semanas, la Intendencia abrió otro foco luego de que la Contraloría solicitara la remoción de su cargo del funcionario de planta y dirigente gremial de Intendencia, Erwin Campos, quien según antecedentes oficiales, habría beneficiado a su pareja con la contratación de servicio de traslado de agua potable.
La duda en este caso, que no pudo explicar la Intendencia es cómo un funcionario menor, adscrito a las filas del Partido Radical, pudo llegar a tener tal capacidad de gestión interna para que, saltándose todos los protocolos, se beneficiara a sí mismo a través de un ardid planificado para defraudar al Estado, sin que otros de mayor rango lo supieran.
Esto no lo pudo responder el intendente Cristóbal Jardúa, quien entregó detalles de la manera en que funcionaba el sistema de camiones aljibe en una región donde existe una alta dependencia de éstos para abastecer a la población, que sufre en todas las comunas severos problemas de sequía.
Problema
Para tratar de entender los problemas que existen es necesario conocer en profundidad la operatoria que fue diseñada para distribuir el vital elemento en todas las localidades que lo requieren.
Según declaró el Intendente Cristóbal Jardúa, desde que comenzó a funcionar Ñuble como región, se generó “un modelo de contratación del reparto de agua potable a través de camiones aljibes, porque pasamos de un solo proveedor en toda la región a 10, de los cuales el 80% son empresas ñublensinas, por lo tanto hemos generado, en forma paralela, más oportunidades para empresas de nuestra región”.
“El proceso que existía en el periodo anterior a la administración actual, favorecía a una sola empresa, la cual era elegida vía trato directo. Lo que hicimos como Intendencia, bajo el mandato del ex intendente Arrau, fue abrir el proceso a través de una consulta de mercado, donde se confirmó que había más proveedores que podían ofrecer el servicio y a un precio más competitivo”, detalla Jardua.
A esto se suma, prosigue, “que se exigieron ciertos requisitos para postular a fin de mejorar la calidad del servicio, como estar certificados por la Seremi de Salud de Ñuble sobre condiciones sanitarias para la provisión de este recurso, una antigüedad menor a 30 años de los camiones, ser de uso exclusivo para este servicio, estanques sanitizados en forma mensual con materialidad de acero inoxidable o fibra de vidrio, entre otros, con el fin de asegurar la calidad del producto y servicio que recibirían los vecinos. Y a partir del 2020, fuimos la primera región del país, en licitar este servicio lo que se tradujo en precios más competitivos, más oferentes y con mejor calidad”.
En la actualidad, una cantidad elevada de personas reciben agua a través de camiones, lo que en muchos casos constituye la única manera de obtener un recurso elemental para realizar sus actividades diarias.
“Esta es una solución de emergencia respecto al tremendo desafío que tenemos como región de llevar agua potable a las familias de Ñuble a través de una solución definitiva. Aproximadamente 8.365 familias en Ñuble reciben este servicio mensualmente. Debemos recordar que la región nació con un déficit importante en sistemas de agua potable rural, llegando a un 18% de viviendas que carecían de este beneficio, cifra que hemos ido revirtiendo gracias a los más de 1.200 arranques que hemos inaugurado desde que somos región, sumados a los 1.114 arranques iniciados solo durante el 2020 y los licitados este año como por ejemplo el APR de Caran y Huechupín Colliguay que son parte del plan regional, entre otros. Y no puedo dejar de mencionar el convenio recientemente firmado entre la DOH y el Gobierno Regional que nos va a permitir diseñar 42 sistemas de APR más”.
La cantidad de agua que se transporta es inmensa. “Solo durante el primer trimestre de este año se solicitaron recursos para pagos de proveedores por más de 122 millones de litros, conforme a las fichas de emergencias entregadas por los 21 municipios. Recordemos que son esas instituciones comunales las encargadas de recabar la información en sus territorios”.
Licitaciones
El sistema actual, añade Jardua, contempla la contratación mediante licitación pública, que agrega, “es la modalidad más transparente que existe en el mercado público para contratar servicios, porque toda la información está disponible para ser revisada y puede postular cualquier persona que cumpla los requisitos de la licitación. Ya lo hemos dicho, dejamos fuera la turbiedad del negocio y estamos manejando un sistema transparente, por eso fuimos nosotros los que acudimos a la Contraloría, para confirmar ciertas sospechas que teníamos y verificar que el proceso estuviera en regla, por tanto, fuimos los más interesados en el resultado de esta investigación”.
Respecto de eventuales negocios y enriquecimiento ilícito, Jardua planteó que “no es lo que corresponde, debemos velar por el buen uso de los recursos público, y por lo mismo, hemos cambiado el sistema y estamos trabajando con total transparencia. Es más, fuimos nosotros quienes solicitamos a la Contraloría una revisión y validez del proceso que estamos llevando ahora donde pasamos del trato directo a la licitación pública, siendo la primera región en llegar a este modelo”.
Funcionario
Hasta acá parece estar todo muy claro. Pero Jardua no entrega muchos detalles respecto de los cargos que se le imputan al funcionario Erwin Campos Cáceres, cuya destitución habría sido solicitada por Arrau cuando éste se hizo cargo de la Intendencia y la región el año 2018.
Sobre la metodología interna que habría sido utilizada para generar eventuales negocios a partir de la entrega de agua potable, el intendente omite realizar mayores comentarios. Tampoco aclara si es que hubo participación de otras personas en los ilícitos que se le imputan a Campos y que lo tienen prácticamente fuera de la institución.
“La Contraloría recomendó la destitución para este funcionario, quien ya fue notificado y ahora se encuentra en la etapa donde debe realizar sus descargos”, decara Jardua.
Ahondando en el caso de la transparencia, la autoridad remarcó que en el caso de Ricardo Vallejos como en el de Quirihue, donde se investiga otro posible manejo irregular, “nosotros abogamos por un buen uso de los recursos públicos y una total trasparencia del proceso, por lo mismo hemos dispuesto todos los antecedentes a la Contraloría para esclarecer cualquier irregularidad, pues somos los primeros en condenar la falta de probidad”.
Los antecedentes que la Intendencia maneja respecto de los casos que han sido denunciados, agregó, “ya fueron remitidos a Fiscalía porque como lo he señalado antes como intendencia somos los principales interesados en que todo este proceso se esclarezca”.
Las empresas que trabajan en el rubro, especifica, deben cumplir con los requisitos establecidos que están en mercado público, pues “eso permite la transparencia en las contrataciones”.
Consultado si puede dar fe de que no existen empresas vinculadas a personeros del Gobierno Regional, a alcaldes o partidos del oficialismo transportando agua en Ñuble, el intendente respondió que “para eso existen los requisitos de contratación, las licitaciones son mecanismos transparentes y esperamos con este nuevo sistema no estemos expuestos a una situación de este tipo, por lo mismo llevamos adelante este proceso siendo la primera y única región hasta el minuto en licitar este servicio y los antecedentes estarán disponibles para quién quiera conocerlos o participar del proceso siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados”.
Erwin Campos
El funcionario, con 27 años de carrera, que en realidad aún no es notificado legalmente de la medida disciplinaria de destitución, trabaja con sus abogados en lo que es su defensa y para limpiar su nombre del escarnio público al que ha sido sometido a través de comunicados oficiales y medios de prensa.
Campos, quien se encuentra con licencia médica, indicó que efectivamente luego de asumir la nueva administración regional se le comunicó que no estaba en los planes del entonces intendente Arrau.
Durante el segundo semestre del 2019, indicó, “el intendente instruyó sumario administrativo a raíz de denuncia anónima en la página de transparencia de la intendencia y esto por las adjudicaciones de prestación de servicios de agua potable, específicamente los del último trimestre de 2018 y los dos primeros trimestres de 2019”.
Campos detalla que “el último trimestre de 2018, se contrató directamente los servicios de agua potable que venían contratados desde la Región de Biobío, dándole continuidad a los mismos por orden y decisión exclusiva del intendente Arrau y su equipo, en esa fecha mi rol como empleado de finanzas era pagar lo que se me ordenaba acorde a la función que venía ejerciendo de la administración anterior en la Gobernación de Ñuble”.
En el primer trimestre de 2019, indicó, “aparezco integrando una comisión técnica revisora de los procesos (comisión que no integré en los hechos), pero si se me ordenó firmar lo que decidía el Intendente Regional, con su equipo, lo mismo pasa con el proceso de el segundo trimestre de 2019”.
Sin embargo, agrega “y para mi sorpresa el ex intendente Arrau, su jefe de gabinete, su asesor jurídico(emparentados entre sí), todos contratados bajo la administración de Martín Arrau, varios de militancia UDI, declararon en el sumario administrativo que quien era el responsable de la adjudicación y pagos de los servicios de agua potable era yo”.
Campos, agregó que existían mecanismos internos que no daban espacios para que él pudiera haber hecho aquello de lo que se le imputa. “Por alguna razón se me involucró, no se el fin, afirmando que yo tenía poder de decidir cosas en esa intendencia, donde todos sabemos que no se mueve un papel sin que el intendente lo supiera, él decidía todo. Es de público conocimiento que con el ex intendente transitamos por veredas opuestas desde lo político, curioso a lo menos resulta que declaren que yo tenía un poder que jamás se me comunicó ni menos aún ejercí”.
El funcionario, subraya que “yo pagaba a las empresas que contrataron con intendencia por órdenes de mis superiores y acorde un protocolo, no regulado, pero debía emitir los pagos porque esa es mi función, emito las órdenes de pago y pago todos los servicios que se deben pagar en Intendencia como funcionario de finanzas”.
