Difícil tarea tendrá que enfrentar el nuevo gobierno para cumplir con la recaudación tributaria que requiere para financiar su ambicioso programa de transformaciones sociales. Al menos la historia no ha sido favorable a la pretensión del Ejecutivo de recaudar durante su período de gobierno el equivalente al 5% del PIB. En efecto, la reforma tributaria que incrementó el impuesto de primera categoría del 17% en el año 2010 al 27% en el año 2017, tuvo una contrapartida en ingresos tributarios netos que fluctuaron del 15,8% del PIB en el 2010 al 17,1% del PIB en el año 2017. Al menos en los datos, los ingresos tributarios netos son inelásticos frente al aumento de los impuestos, lo cual se acrecienta en períodos de menor crecimiento económico.
La Reforma Tributaria propuesta por el Ejecutivo considera aumentar los ingresos tributarios a través menor evasión y elusión (1,6% del PIB); impuesto a súper ricos (1,3%); cambios a impuesto a la renta y desintegración (0,2%); eliminar exenciones (0,8%); impuestos verdes y a combustibles (0,3%); y royalty minero (0,8%).
La evasión y elusión tributaria en Chile está en el interés de muchos planificadores, pero su determinación es tan difícil como determinar la posición y momento lineal de una partícula en la mecánica cuántica (principio de incertidumbre de Heisenberg). En el año 2017 se hablaba de una evasión y elusión equivalente al 7,6% del PIB (en los países de la OCDE se estima en un 3.2% del PIB). Con esas cifras en mente, recuperar el 1,6% de impuestos vía una mayor fiscalización parece una tarea posible. Empero, asumiendo que las estimaciones son correctas, los resultados de la recaudación son inciertos toda vez que los agentes económicos cambian de posición y/o de momento lineal (parafraseando la teoría de Heisenberg), es decir se puede controlar la evasión, pero no así la elusión, y viceversa.
En lo que respecta a los impuestos de los súper ricos, la realidad es igual de compleja. Los mayores impuestos directos (dejo afuera impuestos indirectos como el IVA) se nutren de las utilidades de la actividad económica (retenidas o distribuidas mediante dividendos), los salarios de los directivos principales que administran las empresas o las ganancias de capital que generan las nuevas inversiones. Sin embargo, cuando se reduce la actividad económica los flujos se reducen y por lo tanto se recauda menos impuestos. La propuesta de aplicar impuestos al patrimonio de los más ricos tampoco garantiza una mayor recaudación toda vez que, en una economía abierta con libre movilidad de capitales, el stock de capital migra de acuerdo con las ventajas impositivas que ofrece el mercado financiero global.
Considerando que la responsabilidad fiscal sugiere que los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes, el dilema pasa por ajustar el programa de gobierno en función de la realidad de los ingresos proyectados o reasignar los gastos permanentes. Tarea que, por muy fácil que parezca, difícilmente podrá ser realizada sin una confrontación social de por medio. Dicho fenómeno, puede presionar a un déficit público que ahogue las expectativas de un proyecto de transformación social que requiere el respaldo de los ingresos permanentes para sostenerla.
