De acuerdo al ministro de Economía, Lucas Palacios, la iniciativa que busca modificar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento (ex Ley de Quiebras) tendrá tres pilares: mejorar el acceso, reducir los costos y flexibilizar las etapas para disminuir los tiempos de tramitación. “Uno de los objetivos es contar con una rehabilitación mucho más fácil, accesible y rápida de los deudores, ya sean personas o empresas”, explicó el secretario de Estado.
El abogado y ex coordinador regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Alejandro Elgueta, detalló que la idea de modificar la Ley 20.720, parece necesario y oportuno, por el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de este cuerpo legal y, más aún, a la luz de la situación actual del país, con ocasión de la pandemia de la Covid-19.
“Actualmente, el procedimiento de reorganización de empresa, busca reestructurar las obligaciones de la empresa deudora, con todos y cada uno de sus acreedores; sin embargo, en los términos que se encuentra redactada en la ley, es difícil que pueda rescatar o salvar a las empresas si no va acompañado efectivamente de líneas de financiamiento. Por que una cosa es reestructurar los pasivos u obligaciones de la empresa deudora, pero si no cuenta con capital de trabajo que permita reactivar y poner en marcha la empresa, será difícil que se puedan levantar en las actuales condiciones del mercado nacional e internacional”.
También se discute, la necesidad de un certificado de auditor independiente inscrito en CMF, que bien podría sustituirse por una declaración jurada del representante de la empresa deudora.
También es importante rescatar la Ley Nº 20.416, de asesoría económica de insolvencia, que permite a empresa de menor tamaño, que se encuentren en insolvencia y/o crisis financiera y no ve una salida, se puede recurrir a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para el nombramiento de un asesor económico de insolvencia, quien puede realizar un estudio sobre la situación financiera, económica y contable de la empresa, con el fin de diagnosticar las causas que originaron la crisis actual y realizar las gestiones financieras, legales y contables que se requieren para superarla.
Por su parte, el abogado y socio de Moraga & CIA. Diego Messen, calificó de “adecuados” los cambios, ya que se ajustan a la realidad de empresas de menor tamaños, principalmente, lo que dice relación a sus costos de gestión que hoy son demasiado onerosas para empresas que son pequeñas y se encuentran con problemas financieros.
“Hoy, un proceso de liquidación o reorganización se puede extender por varios meses hasta superar un año, lo que hace bastante engorroso poder acceder a este tipo de procesos. Por ello, lo que se pretende es que la duración de estos procesos no supere los tres a seis meses, con el objeto de crear una eficaz solución financiera”.
Messen valoró la reorganización cuando es viable, porque es justamente un proceso que tiene por objeto mantener el funcionamiento de la empresa, acordando y repactando el pago de las deudas con los acreedores, cuestión que implica, por su parte, una protección financiera en dicho período. Por lo tanto, si una empresa es económicamente viable, pero se encuentra en una situación compleja, podrá sobrellevar esta situación con términos y condiciones más flexibles a su realidad económica o situación que atraviesa, para lograr una recuperación completa, puntualizó.
Texto: Javier Ochoa (Diario Concepción)
