Son más de 100 mil los ñublensinos con lo mínimo no solo desde el punto de vista de los ingresos, sino que con muchas otras carencias. Después de La Araucanía, Ñuble es la segunda región más pobre del país en la medición por ingresos (20,6%), y presenta una elevada pobreza multidimensional (22,4%). Esta afecta preferentemente a las comunas rurales de Itata, pero también a algunas de Punilla y Diguillín.
Además, un alto porcentaje de viviendas no tiene acceso al agua potable (18%), y tiene baja calidad constructiva (22%). El primer indicador fluctúa entre 22% y 69% en catorce comunas. Por otra parte, en salud, un 86,6% de la población está afiliada a Fonasa en tramos A y B, y existe un alto porcentaje sin ningún tipo de cobertura, sobre todo en Itata.
En el mercado laboral, los sueldos más bajos (agricultura) llegan a apenas el 36% del sueldo promedio nacional. Por último, un 87% del gasto público en Ñuble corresponde a gasto social, y menos de un 5% se hace en sectores productivos.
Tales indicadores debieran reabrir un debate sobre la porfiada incapacidad que tenemos para superar la pobreza y el fracaso de sucesivas políticas públicas que, independiente del Gobierno de turno, han compartido un enfoque que concibe a la política social como un paliativo para aligerar el impacto de decisiones económicas, y a los sectores más vulnerables como objetos pasivos de las políticas socioeconómicas.
Son dos caras de una misma moneda que hay que dejar atrás. Tras la recuperación de la democracia se creyó que la inversión y el crecimiento, provenientes de reformas económicas, alcanzarían también a los sectores más vulnerables. Sin embargo, esta opción del “chorreo” no funcionó y dio paso al asistencialismo, por la vía de los subsidios. En ambos casos la política social surge como una medida tardía que busca remediar los efectos de la política económica.
La sugerencia de organismos internacionales, partiendo por la OCDE, es que Chile debe romper con este enfoque erróneo y avanzar hacia un nuevo paradigma que comprenda a la política en su conjunto como política social.
Concebida correctamente no existe, por ejemplo, división entre política económica y política social; son y deben ser la misma cosa, un paquete indivisible que contribuya a la integración y al bienestar de las personas. Además, ese proceso de integración social no puede ser solo de arriba hacia abajo, o sea del Estado y de los políticos hacia la ciudadanía.
Si hay una lección que deja la movilización social que vive el país es que no se puede ver a las personas como objetos pasivos de políticas. Hoy reclaman ser sujetos activos, pasar de receptores de asistencia a ciudadanos con la capacidad para dirimir sus propios destinos. Solo así será posible pasar de política del clientelismo y la dependencia de subsidios a la política de la ciudadanía y de las oportunidades. Esos sí serían “tiempos mejores”.
