La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este miércoles la acusación constitucional contra la exministra de Defensa Maya Fernández por la fallida compraventa de la casa de su abuelo, el otrora presidente Salvador Allende.
El libelo, que llegó con informe negativo a la Sala, luego de que la comisión revisora acordó por mayoría recomendar a la Sala que rechazara la iniciativa, finalmente obtuvo 64 votos a favor y 70 votos en contra.
El texto planteaba que Fernández infringió el artículo 37 bis de la Carta Magna, que señala que “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades”.
Para realizar este proceso, no se invocó cuestión previa, por lo que la Cámara inició de inmediato el análisis de fondo de este escrito, que buscaba inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante cinco años.
En la presentación de la acusación, el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) realizó un análisis político de la acción en contra de Fernández, además de fustigar duramente a los parlamentarios que se acercaron a la testera a saludar a la exautoridad.
Asimismo, criticó la presencia en la instancia de los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Nicolás Cataldo (Educación) y Aisén Etcheverry (vocera subrogante), quienes acompañan a su excompañera en el Gobierno.
“Me gustaría que el Ejecutivo nos pueda explicar si todos los ministros que están acompañando a la exministra Maya Fernández pidieronun día administrativo para estar sentado acá, porque francamente es otra cachetada más en la cara de todos los chilenos, adicional a que se esté usando la plata de todos para financiar la compra de la casa de Salvador Allende”, arremetió Sánchez.
La postura de la defensa
Por su parte, la abogada defensora de la exministra, Claudia Sarmiento, apuntó que “las prohibiciones constitucionales deben interpretarse de forma armónica y razonable. Evidentemente no existe una falta de la probidad acá”, puntualizó la abogada
English
Haitian Creole