El 30 de abril pasado, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto que concede un ingreso familiar de emergencia con variados cambios que, el 6 de mayo, fueron ratificados por el Senado. La idea planteada era que el Gobierno reconsiderara algunas de las normas, por ejemplo, en lo referente a los beneficiarios y a los montos.
Conforme a lo anterior, el Presidente de la República envió a trámite al Parlamento un conjunto de observaciones que, de acuerdo al mensaje, tomó en cuenta las demandas expresadas por los parlamentarios durante la tramitación de la propuesta legal, correcciones que hoy fueron aprobadas tras más de una decena de votaciones, todas ratificadas con contundente mayoría.
La iniciativa adiciona un artículo tercero (el anterior fue eliminado en el pasado trámite en la Cámara) que especifica una nueva tabla de beneficiarios y los respectivos montos a recibir en los tres meses de aportes fiscales (el segundo aporte corresponderá al 85% del primero, mientras que el tercero será de un 70%).
La citada tabla parte con los hogares unipersonales, que recibirán como primer aporte 65 mil pesos y que decrecerá a 55 mil 250 pesos, el segundo mes, y a 45 mil 500 pesos, el tercero. Luego, se especifican los montos para familias con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez o más integrantes. En este último caso, las cifras serán de 494 mil pesos, 419 mil 900 pesos y 345 mil 800 pesos, para el primer, segundo y tercer mes, respectivamente.
Los beneficiarios corresponderán a hogares que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al instrumento de caracterización económica (ICE); que pertenezca al 60% más vulnerable, de acuerdo al indicador socioeconómico de emergencia (ISE); y cuyos integrantes mayores de edad no reciban ingresos.
Indicador socioeconómico
El texto, a cuyo debate asistieron tres ministros de Estado, también avanza en sustituir el artículo segundo, el cual hace referencia al indicador socioeconómico de emergencia, instrumento que tendrá por objeto identificar los hogares de la población nacional más afectados socioeconómicamente por los efectos producidos por la pandemia provocada por el Covid-19.
Para dichos efectos, el ISE medirá la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares de la población nacional en el corto plazo, utilizando la información que caracterice la situación socioeconómica a partir de marzo del año 2020 del Registro Información Social. Este indicador será elaborado y administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social.
La iniciativa, luego, adiciona un nuevo artículo quinto en el cual incorpora como beneficiarios a los hogares que, sin encontrarse entre alguno de los grupos que contempla el proyecto de ley, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población (según el ICE) y que esté integrado por uno o más adultos mayores de 70 o más años, que reciban una pensión básica solidaria de vejez. Por cada uno de estos adultos mayores, el hogar beneficiado tendrá derecho a recibir el segundo y tercer aporte que ascienden a 55 mil 250 pesos y 45 mil 500 pesos, respectivamente.
Junto, con lo anterior, el veto presidencial, ahora despachado al Senado, realiza perfeccionamientos adicionales a otros artículos permanentes y transitorio, de modo de mantener una coherencia global en el texto.
Debate
Durante el debate, el oficialismo valoró la propuesta y los cambios impulsados a través del veto presidencial. Asimismo, se destacó la necesidad de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas; el aporte realizado por el Estado a través de diversos mecanismos en apoyo a los más afectados por la pandemia; y la relevancia de mantener un plan de contingencia en caso de requerirse en el futuro.
En la oposición, hubo una crítica generalizada en torno a las nuevas disposiciones planteadas por el Presidente Sebastián Piñera, remarcando lo poco que variaron respecto de la propuesta rechazada previamente. En este plano se refutó, por ejemplo, mantener algunos montos designados para los aportes mensuales y la visión de ir estos decreciéndolos en el tiempo, pese a que la crisis pueda ser más profunda hacia los meses de invierno.
Pese a lo anterior, la mayoría de los legisladores opositores optó por apoyar las observaciones presidenciales o se abstuvo. Ello fue justificado en el entendido que, al rechazar las disposiciones, el beneficio podría no concretarse, lo que perjudicaría a un universo potencial de 1,7 millones de hogares en el país, 60 mil de ellos de la Región de Ñuble.
