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En las últimas semanas ha reflotado en el mundo político el interés por realizar cambios a nuestro sistema político, especialmente enfocados en mejorar la labor parlamentaria, pues más allá de la alta fragmentación existente -lo que ha dificultado al extremo el proceso de negociación y el logro de acuerdos específicos- diversos estudios sobre el proceso de creación de leyes en los últimos 20 años revelan que hay mucho que mejorar en la función legislativa, por el bien del país y del propio Congreso, que hoy en Chile es la institución más desprestigiada y menos confiable.
El análisis costo-beneficio debiera ser el punto de partida para todo proyecto de ley, aunque éste no implique gasto fiscal. Demás está decir que este examen no se reduce solo al impacto económico de las regulaciones. Este análisis se puede hacer de mejor manera cuando se lleva a cabo un proceso de participación, que es una segunda condición clave.
Antes de la aprobación de una ley debiera darse una instancia de participación más sistematizada e inclusiva que la actual, para que todos los interesados en una materia puedan formular sus observaciones y sugerencias en igualdad de condiciones. Además de otorgar mayor legitimidad a la legislación, este mecanismo permite considerar distintas visiones y puntos de vista, así como prevenir a tiempo posibles errores.
El ideal es que la participación ciudadana se dé antes del inicio de la tramitación legislativa que desarrollan el Presidente de la República y el Congreso Nacional. En esta etapa de participación, y también en las siguientes, es necesario que ambos poderes actúen con la necesaria coordinación, lo que no suele ser la regla general y menos actualmente, en un Congreso compuesto por 21 agrupaciones políticas distintas.
El tercer principio nos dice que la ley debe tener asidero en la realidad y en el sentido común. Se debe evitar el idealismo legislativo de pensar que las leyes pueden solucionar todos los problemas de la sociedad o suprimir todas las desigualdades entre los ciudadanos. Consagrar derechos que después no podrán ser garantizados genera falsas expectativas y luego frustraciones. La aplicación real y efectiva de la legislación debe ser objetivo principal de legisladores y legisladoras y no ser considerado como “un problema de otros”.
Finalmente, resulta clave legislar con visión de largo plazo. Es perjudicial presentar proyectos de ley inmediatamente después de que ocurre algún episodio que genera atención pública. Actuar impulsivamente impide dimensionar los sucesos sin prejuicios y con visión de futuro.
Las leyes deben ser pensadas con un horizonte de largo plazo. Para esto, deben estar dotadas de la necesaria flexibilidad, que le permita ir adaptándose a las nuevas situaciones y realidades, sin tener que modificarse a cada rato.
Los principios de participación, costo-beneficio, realismo y largo plazo parecen muy obvios, pero muchas veces lo más fácil de decir resulta ser lo más difícil de hacer, como lo ha demostrado el actual Congreso que se ha caracterizado por su incapacidad de dar respuesta adecuada a las demandas sociales de la ciudadanía.
