Fue el 10 de octubre cuando un estruendo sobresaltó a Adela San Martín, quien dormía en su casa de la Villa Brisas de San Agustín. Pensó que era un piedrazo, luego creyó que alguien había entrado a robar. Pero finalmente, descubrió que había sido un balazo. Una bala loca, como le llaman, que pudo haber significado una muerte incomprensible y sin autor conocido.
Hoy nadie se atrevería a decir que es un caso aislado, porque “esto pasa hace mucho tiempo. Anteayer, no más, en la noche, cuando volvía a mi casa escuché otro disparo. Pero ya nadie denuncia nada, porque ¿para qué?”, dice.
Y agrega algo mucho más desalentador: “Cuando llegaron ese día los carabineros me dijeron que no sacaban nada con investigar, porque una bala puede viajar un kilómetro y así era imposible averiguar quién disparó”.
Por eso no es de extrañar que el fiscal Pablo Fritz, del grupo de Análisis Investigativo del Ministerio Público de Ñuble, dijera en una presentación realizada en la PDI, que es “un hecho que hay armas en manos de delincuentes, que las usan para cometer delitos y para sus peleas por el tráfico de drogas”.
Si la recuperación de armas en poder de la delincuencia se da casi solo en las flagrancias o en allanamientos con orden judicial, la estrategia, entonces, es evitar que se sigan armando.
4.383 armas sin dueño
La tesis apunta, por lo tanto, a que si las personas que tienen armas en sus casas, inscritas o no, las entregan voluntariamente para su destrucción, esto ayudará a ese propósito, ya que “hay estadísticas que confirman que los delincuentes consiguen muchas de estas armas en robos a casas donde, en efecto, había pistolas, escopetas o municiones”, dijo el fiscal.
Hasta agosto pasado habían 3.663 personas fallecidas que tenían armas inscritas y que ahora están en calidad de ilegales, ya que sus herederos no regularizaron su tenencia. En total son 4.383 armas en esa condición, es decir, sin dueño legítimo.
El foco se ha concentrado, en esta primera etapa, en las tres comunas que registran el 61% de las armas irregulares: Chillán, San Carlos y Bulnes.
“A la fecha se han incautado 77 armas, en Chillán (26), en San Carlos (24), Bulnes (16) y otras en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, propiedad de fallecidos que tenían domicilio en Ñuble”, explicó el prefecto de la PDI, José Carmona .
Desde el Ministerio Público, el fiscal regional (s) de Ñuble, Álvaro Hermosilla, destacó que “es relevante el trabajo de los analistas de la Fiscalía de Análisis Criminal y de la PDI, porque levantaron información que se encontraba sin mayor trabajo y que permite adelantar la comisión de delitos. De hecho, este es un foco de los que llamamos preventivos, porque justamente previene que a futuro se cometan delitos”.
En esta tarea, la Fiscalía trabaja con un equipo especial de la PDI, conformado por detectives de las Brigadas de Investigación Criminal de Chillán y San Carlos, y de la Brigada de Homicidios, explicó el prefecto José Carmona Novoa, jefe de la Prefectura de la PDI de Ñuble.
La ley establece que los herederos tienen 90 días para regularizar la tenencia de armas una vez que la persona fallece.
