Diputados de la bancada de Renovación Nacional anunciaron esta semana que están “decididos a ponerle el cascabel al gato”, en lo que se refiere a temas de corrupción.
A casi tres meses del estallido del caso ‘Democracia Viva’, que fue la punta del iceberg que permitió conocer de dineros traspasados en forma irregular, desde algunos ministerios, servicios, gobernaciones regionales y últimamente municipalidades; el jefe de bancada y legislador por Ñuble, Frank Sauerbaum, presentó un proyecto de ley que faculta a la Contraloría General de la República, una vez acreditada la responsabilidad administrativa en cuanto a faltas a la probidad, para la remoción de gobernadores y alcaldes.
En la iniciativa se plantea que el contralor, en 2018, afirmó que “desde 2015 hasta ahora hemos realizado 66 sumarios para determinar la responsabilidad de alcaldes, de ellos 35 terminados y allí se han definido responsabilidades, por lo que los datos han sido remitidos a los concejos municipales, pero en 20 casos estos no se pronunciaron; y en otros trece casos, existe pronunciamiento del concejo municipal: en dos los concejales estimaron que no había notable abandono de deberes; en otros cuatro decidieron no remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER), y en siete definieron hacerlo. De los casos restantes, en uno no hay información desde el concejo, y en el otro, el alcalde informó que pediría la nulidad”.
Frente a estas situaciones, Frank Sauerbaum, cree que “es importante que todos los órganos del Estado tengan un rol mucho más activo en luchar contra la corrupción, y si la Contraloría detecta una irregularidad en una municipalidad que sea contundente y que pueda finalmente traducirse en un delito, debe inmediatamente informar al Tribunal Electoral para que éste empiece de oficio a hacer la investigación con los antecedentes prestados por Contraloría, y de esa manera, remover al alcalde o a la autoridad pertinente que haya cometido tal infracción”, sostuvo.
El proyecto de ley especifica, precisamente, que “es relevante poder dotar de mayores herramientas para que la Contraloría General de la República pueda perseguir de manera más efectiva y eficiente el buen uso de los recursos públicos, no teniendo que depender de las conformaciones políticas y/o afinidad de un órgano electo democráticamente, como lo son los consejos regionales y los concejos municipales”.
El diputado por Ñuble aseguró que “es fundamental que los Tribunales Electorales Regionales puedan, autónomamente, perseguir las responsabilidades frente a estos casos de delincuencia, de falta a la probidad que estamos viendo en el país. Estas personas no pueden quedar en la impunidad, y tampoco pueden quedar ocupando sus cargos cuando están involucrados, cometiendo delitos tan graves y deleznables. Por eso necesitamos que nuestra legislación esté acorde a las circunstancias que se están generando en el país”, planteó.
Sauerbaum añadió que “hoy nos encontramos ante una cuestión fundamental para el bienestar de nuestra sociedad: la probidad administrativa y el uso adecuado de los recursos públicos. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de situaciones que desafían estos principios, y es nuestro deber abordar este problema de manera responsable y efectiva. Es hora de fortalecer nuestros sistemas de control y transparencia, para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y efectiva en beneficio de todos los ciudadanos. Necesitamos una legislación que no dependa de composiciones políticas o afinidades personales, sino que promueva la probidad administrativa en todos los niveles de gobierno”, aseveró.
El jefe de bancada de RN explicó que “en varias comunas y regiones hemos vivido este tipo de casos, y se hace necesario facilitar los procesos para hacer efectivas las responsabilidades. La ciudadanía está cansada de escuchar que hay informes lapidarios de Contraloría y que no se hagan efectivas las responsabilidades. Este proyecto se hace cargo de esta demanda legítima, y busca entonces que sea mucho más expedito que comience el proceso de destitución de autoridades, cuando ya la Contraloría ha determinado que existen graves faltas a la probidad”, afirmó.
El proyecto de ley presentado por los legisladores de RN consta de dos artículos. El primero, ante la necesidad de remover al alcalde por irregularidades cometidas, traspasa la responsabilidad desde el concejo municipal -evitando así las mayorías afines que pueda tener el jefe comunal en el cuerpo colegiado- al tribunal electoral regional respectivo, para dar inicio al procedimiento de remoción de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la ley N°18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado.
Mientras que el artículo 2 precisa que si como consecuencia de una investigación practicada por la Contraloría General de la República con ocasión de sus labores de fiscalización, se considerase que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa del gobernador regional por contravención grave a las normas de probidad administrativa, la Contraloría General de la República deberá remitir los antecedentes al TER para dar inicio al procedimiento de cesación en el cargo.
¿Qué opinan desde los municipios y Gores?
Para el alcalde de Bulnes, Guillermo Yeber, es importante equilibrar la necesidad de tener mecanismos efectivos para combatir la corrupción, con el respaldo a los municipios y la transparencia en el trabajo legislativo.
“El fortalecimiento de los Tribunales Electorales Regionales (TER) para remover a alcaldes y gobernadores por casos de corrupción, puede ser una medida positiva en la lucha contra la corrupción, ya que agilizaría el proceso de rendición de cuentas. Sin embargo, también es esencial que los diputados respalden a los municipios y consideren cómo asignar recursos de manera más efectiva para resolver problemas locales. Además, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en todos los niveles de gobierno, incluido el congreso. Es válido esperar que los legisladores también busquen mayor transparencia en su propio trabajo, y que se establezcan mecanismos adecuados de fiscalización para garantizar que cumplan con sus responsabilidades de manera ética y eficiente”, manifestó.
Según Yéber, “se debe encontrar un equilibrio entre la lucha contra la corrupción y el apoyo a las instituciones locales.
“Es esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático”, dijo.
En tanto, para el alcalde de Chillán Viejo, Jorge Del Pozo, “todo proyecto de ley que implique agudizar la transparencia en este país y obligar a ello a las autoridades políticas y públicas a nivel nacional, regional y, por cierto, y con mayor fuerza a las alcaldías de este país, para mí es muy positivo. Creo que una de las falencias que teníamos, y lo digo porque también fui concejal de la comuna histórica, era que después que la Contraloría se pronunciaba respecto de una serie de hechos constitutivos de faltas a la probidad, finalmente los concejales ponían en cuestionamiento, de acuerdo a su afinidad política con el alcalde de turno, la votación para remitir estos antecedentes al Tribunal Electoral Regional, lo que sin duda generaba en muchos casos en el país la impunidad absoluta respecto de una serie de materias que se relacionan con la probidad administrativa”, advirtió.
Del Pozo cree que “éste es un buen proyecto, permite que la Contraloría después de sus investigaciones puedan remitir directamente estos casos al Tribunal Electoral sin tener que pasar por los concejos municipales, y eso es un avance, por tanto yo creo que es un buen camino para mejorar la administración pública y los estándares de probidad y de transparencia en los municipios”, aseveró.
Desde el mundo de los concejales, la mirada es un tanto distinta.
Patricio Huepe, edil de la comuna de Chillán, dijo estar porque los concejales cuenten con más atribuciones, “explícitamente en las modificaciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que se están estudiando. Ahora, si la Contraloría General de la República acredita faltas debe necesariamente pasar esto por los concejos municipales, como representantes de la comunidad. Los tribunales electorales regionales no pueden acusar y fallar, recordemos que los TER son netamente electorales. El rol fiscalizador de los(as) concejales se debe fortalecer, y no debilitar. ¿Qué busca RN con esta iniciativa?”, manifestó el concejal de Chillán.
Desde el Gobierno Regional, en tanto, el gobernador, Óscar Crisóstomo, planteó que “cualquier medida que permita hacer más eficiente la labor de un organismo para evitar situaciones de corrupción en la gestión pública es bienvenida, y debe extenderse no sólo a las autoridades que menciona el proyecto, sino a todos los cargos de elección popular, es decir, aquellos en lo que la ciudadanía ha puesto su confianza para representarlos, porque a ellos debemos dar no solo señales de eficiencia sino también de probidad”, enfatizó.
El ‘corazón’ de la iniciativa de ley presentada por los diputados de RN apunta principalmente a las responsabilidades fiscalizadoras de los concejos municipales como cuerpos colegiados diversos, que dependiendo de su constitución política, no son imparciales a la hora de definir presentar o no una acusación en contra de los alcaldes ante los tribunales electorales regionales.
Una situación que se cruza, además, con una sensación de parte de la ciudadanía de que sus autoridades ‘no están dando el ancho’, sobre todo, luego que Chillán y la región han estado constantemente siendo noticia nacional por hechos de corrupción al interior de los municipios: Caso Led (Chillán, 2020);caso Cuentas Corrientes (San Ignacio y Ñiquén, 2023); y también a la cantidad creciente de alcaldes destituidos por el Tribunal Electoral Regional de Ñuble (San Carlos, Pemuco, Ránquil y el exalcalde de Trehuaco, destituido en mayo pasado).
Proyecto recoge propuestas de comisión para la Probidad
Entre las medidas del sistema de control, infracciones y sanciones propuestas a fines de agosto al pesidente, Gabriel Boric, por la comisión para la Regulación de la Relación entre el Estado, Fundaciones y Corporaciones, más conocida como Comisión para la Probidad y Transparencia en el Estado; están: la obligación de alcaldes y alcaldesas de informar al concejo comunal, con lo que se busca dar cuenta de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación. Aquí se incluyen proyectos de inversión o iniciativas, independientes del monto, y también se incluye a gobernadores respecto del Core; reducir el rango de 7.000 UTM la inversión prevista en la Ley de Gobiernos Regionales, para lo cual, se requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas. Además, se deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativas; un catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a las instituciones privadas sin fines de lucro, es decir, normas generales y supletorias con sanciones y principios de aplicación en caso de que las instituciones privadas no cumplan respecto de transferencias públicas. En este catálogo, las medidas deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción, tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión; normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común, lo que plantea incorporar una incompatibilidad general, en cuanto a contratación y transferencias, para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común; fortalecer y dar mayor autonomía de la auditoría interna, para lo cual se propuso que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno esté regulado en una ley y que le dé cierta autonomía del gobierno de turno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo; y por último, permitir que Contraloría envíe los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER), precisamente lo que plantea el proyecto de ley presentado por los parlamentarios de RN. Con esto se busca legitimar al Contralor General de la República y, por delegación de éste, a los Contralores Regionales, para que sea el TER quien determine si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves.
