Pese a las mejoras de financiamiento registradas en los últimos años, principalmente después de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Bomberos de Chile, la realidad económica de la institución más valorada por los chilenos sigue siendo muy compleja.
Hasta antes de esta normativa, la incorporación de esta contribución dependía de la voluntad del Gobierno de turno. A partir de ella se estableció el aporte a Bomberos como un ítem fijo de la Ley de Presupuestos, dentro de la partida del Ministerio del Interior, que se suma a los de otros conceptos, como aportes de los gobiernos regionales y municipalidades, ingresos que obtienen por la prestación de servicios y donaciones de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
Sin embargo, ese mínimo rayado de cancha se vio alterado días atrás por la emergencia sanitaria y los ajustes presupuestarios que ha tenido que realizar el ministerio de Hacienda y que le significaron una rebaja presupuestaria de $3.755 millones de pesos, cifra que palidece ante otros recortes, pero que es muy sensible para una institución que, literalmente, sobrevive con lo justo.
Una decisión tecnocrática, unilateral e inconsulta, que homologó a Bomberos con el resto de los servicios del sector público, en circunstancias que se trata de una entidad de carácter privado, voluntaria y gratuita, que cumple una función de utilidad pública.
Afortunadamente -y mediando el reclamo de Bomberos y amplios sectores de la ciudadanía que se manifestó en las redes sociales- el Gobierno modificó su decisión y acotó el recorte a 1.400 millones de pesos.
Adicionalmente, y en un hecho que merece destacarse, el Gobierno Regional suscribió un proyecto por $2.377 millones para financiar equipamiento de materiales menores como trajes de protección, uniformes, máscaras de respiración y guantes, todos necesarios para desempeñarse con mínimos estándares de seguridad en esta emergencia sanitaria.
Sin embargo, ni las medidas correctivas al ajuste de Hacienda ni los recursos que entregan el gobierno regional y los municipios son suficientes. De hecho, el financiamiento público, en promedio, cubre cerca del 40% del presupuesto total de la institución y el diferencial debe ser cubierto por otras vías.
El problema, más allá de lo contradictoria que puede resultar la levedad del presupuesto garantizado por la ley marco, es la inestabilidad que suponen esas otras vías y que en el caso de Ñuble tienen a este organismo en una crisis permanente.
El relevante papel que desempeña Bomberos, principalmente en el manejo de emergencias, la convierte en una institución estratégica y su buen funcionamiento debería estar garantizado completamente por el Estado, terminando con las colectas públicas y el peregrinaje por empresas y agencias públicas para obtener recursos.
Es menester, en consecuencia, que desde las diferentes áreas de competencia específica se adopten las medidas correspondientes para terminar con la precariedad financiera que injustamente asfixia a aquellos que, sin percibir remuneración alguna, se encomiendan voluntariamente a la peligrosa misión de combatir el fuego.
