El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó este miércoles un polémico proyecto de ley que abre las tierras indígenas, muchas de ellas en la Amazonía, a las actividades mineras, agropecuarias y de generación eléctrica realizadas tanto por nativos como por terceros.
El proyecto, que debe ser aprobado por el Congreso, fue calificado como un “sueño” por el mandatario ultraderechista, pero es visto por líderes indígenas como parte de un “proyecto de genocidio”.
“Espero que ese sueño (…) se concrete. El indígena es un ser humano exactamente igual a nosotros, tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros”, dijo Bolsonaro durante una ceremonia oficial en la que firmó el proyecto.
El texto, que aún no fue publicado, reglamentará el artículo 231 de la Constitución sobre aprovechamiento de los recursos hidráulicos y búsqueda y extracción de riquezas minerales en tierras indígenas.
Según el portal local de noticias G1, determina por ejemplo que la actividad minera podrá ser realizada por “no indígenas”, previa autorización de las comunidades nativas.
En un comunicado, la presidencia sostuvo que la “omisión” de gobiernos anteriores para reglamentar esas actividades” causó “inseguridad jurídica” y alentó la minería ilegal.
“El gran paso depende del Parlamento. Vamos a sufrir presiones de los ambientalistas. A esa gente ligada al medio ambiente, si un día pudiese los confinaría en la Amazonía, ya que les gusta tanto el medio ambiente”, ironizó Bolsonaro, un escéptico del cambio climático que ve los reclamos ambientalistas como conspiraciones de intereses extranjeros para apoderarse de las riquezas del suelo de Brasil.
Bolsonaro tiene aliados para lograr una mayoría en el Congreso, aunque muchos de sus proyectos fueron frenados allí. En este caso, será determinante el apoyo de la poderosa bancada vinculada al agronegocio, que últimamente dio muestras de preocupación por las denuncias internacionales contra la deforestación de la Amazonía.
Unos 600 líderes indígenas brasileños reunidos en enero en el estado amazónico de Mato Grosso denunciaron que el gobierno impulsa un proyecto político de “genocidio, etnocidio y ecocidio”.
El gobierno sostiene que muchos líderes indígenas apoyan sus proyectos.
