El gobierno interino de Bolivia acusó el martes al expresidente Evo Morales de intentar “desestabilizar” el país y desatar una campaña internacional de “desinformación” junto al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
“Sectores afines al Sr. Morales intentan desestabilizar al país, causar caos y profundizar la crisis sanitaria, llegando inclusive a negar la existencia misma de la enfermedad, lo cual a su vez es aprovechado por el narcotráfico y la delincuencia organizada”, señaló la cancillería en un documento.
“El Sr. Morales, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, ha recrudecido su campaña internacional de desinformación y de difusión de noticias falsas para tergiversar la lucha del pueblo boliviano por la recuperación de la democracia”, agregó.
El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez responsabiliza permanentemente al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales de promover el descontento y ha arreciado las declaraciones en su contra a medida que se acercan las elecciones generales del 6 de septiembre.
La intensidad de las acusaciones ha subido de tono desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) llamó para el 6 de septiembre a elecciones generales a contramano de la opinión de Áñez, que deseaba una prórroga de “un mes o dos” para dar atención prioritaria a la emergencia sanitaria por el coronavirus, que ha contagiado a más de 32.000 personas en Bolivia.
Áñez asumió el poder transitoriamente en noviembre para conducir un nuevo proceso electoral tras la dimisión de Morales, pero decidió en el camino postularse a la presidencia.
Una última encuesta de marzo la ubica en un tercer lugar, con 16%, detrás del centrista Carlos Mesa (18%) y del delfín de Morales, el economista Luis Arce, que recoge el 33,3% de la intención de voto.
En medio de la confrontación, el pasado sábado, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, envió una carta al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, en que dice que “Evo Morales ha tomado la decisión de convulsionar el país” y dividir a los militares.
Mientras, el MAS continúa trabando en el Senado, donde tiene mayoría, los ascensos a generales propuestos por Áñez, alegando que deben cumplir ciertos protocolos administrativos.
