Un llamado al Gobierno a acelerar la concreción de las obras pendientes del canal Laja-Diguillín hicieron ayer los representantes de los llamados “blancos” junto a la Junta de vigilancia del río Diguillín y los alcaldes de Bulnes y San Ignacio.
Los agricultores de las áreas “blancas” -aquellas que aún están sin riego en la zona de influencia del canal Laja-Diguillín debido a que no se ha ejecutado la adecuación y habilitación de antiguos canales, que eran parte del proyecto original- reafirmaron la importancia de que dichas obras se financien con recursos fiscales a través del DL 1.123, de la misma manera que se hizo con el canal hace dos décadas.
Según el estudio de ingeniería, que concluyó en diciembre de 2018, se requiere una inversión total estimada de $44.500 millones, sin embargo, hasta ahora la respuesta del Gobierno ha sido postular las obras de manera fraccionada a la Ley de Fomento al Riego 18.450, que según los dirigentes, es un camino lento y técnicamente impracticable. Y es que la mayoría de los 1.882 agricultores que se verían beneficiados al pasar de secano a riego en Bulnes y San Ignacio son pequeños y con bajos ingresos, lo que les impediría postular a los concursos de riego, que exigen un aporte no menor.
En ese contexto, las directivas comunales de las áreas blancas, la Junta de Vigilancia del río Diguillín y los municipios de Bulnes y San Ignacio convocaron a la octava asamblea del proyecto Laja-Diguillín, que se realizará el viernes 6 de marzo, a partir de las 10.00 horas, en el Edificio de la Cultura, en Bulnes (Arturo Prat 367).
Los dirigentes detallaron ayer que los temas a abordar en el masivo encuentro serán: los aportes de la CNR, el GORE y el Indap en beneficio de los “blancos”, el estado de avance del proyecto embalse Zapallar, la formación de la Junta del vigilancia del río Laja y las obras pendientes del Laja-Diguillín.
20 años de espera
“Llevamos más de 20 años esperando por este proyecto, y cada vez nos encontramos con más dificultades, por eso, hacemos un llamado a las autoridades a completar el proyecto Laja-Diguillín con celeridad, financiando las obras pendientes mediante la Ley de Grandes Obras de Riego o DL 1.123”, manifestó César Valenzuela, presidente de las áreas blancas de Bulnes.
Por su parte, el dirigente de los blancos de Bulnes y San Ignacio, César Baeza, subrayó la importancia económica y social de estas obras en el actual contexto de crisis hídrica. “Se trata de casi 2 mil agricultores que suman más de 9 mil hectáreas que se verían beneficiados, que con riego podrían diversificar sus cultivos, pero estamos entrampados en el financiamiento de las obras pendientes”.
Baeza argumentó que dada la gravedad de la megasequía, este proyecto representa, además, una opción rápida, en comparación con la construcción de un embalse, de regar casi diez mil nuevas hectáreas, similar a la superficie que incorporará el embalse Zapallar.
En ese sentido, Luis Bocaz, presidente del comité pro embalse Zapallar, de San Ignacio, recordó el tropiezo que sufrió el estudio de impacto ambiental del embalse, que fue ingresado en septiembre al Servicio de Evaluación Ambiental, pero que en noviembre debió ser retirado por la DOH debido a las numerosas observaciones que recibió.
Pese a ello, Bocaz se mostró optimista en cuanto a la concreción del proyecto en los próximos tres años. “Nosotros esperamos que el embalse se comience a construir en 2022”, expresó.
En la cita, el alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo; y el alcalde (s) de San Ignacio, Martín Figueroa, extendieron la invitación a participar en la asamblea.
