Desde que se ratificó la realización de un proceso constituyente, a fines del año pasado, la idea de una campaña de educación cívica despertó tanta o más controversia que el debate constitucional mismo, con acusaciones cruzadas sobre un posible adoctrinamiento y lo ilusorio que resulta aspirar a un relato políticamente aséptico.
Ciertamente, la educación cívica no es en sí misma democrática. No en vano, han sido muchos los regímenes que han hecho enormes esfuerzos por educar a sus ciudadanos en las normas que regían su sistema político y social, fuera éste cual fuera, o por convencer sobre la necesidad de un cambio.
No obstante, la que sí es característica propia de una democracia es que sus normas no sean inamovibles (tampoco la Constitución) y, sobre todo, que la movilidad de estas no dependa de una persona, ni de un grupo de personas, ni siquiera de una mayoría política, sino del libre acuerdo de una sociedad y sus representantes. Y para eso sí es necesaria la educación de una ciudadanía responsable y activa, que es a lo que quiere contribuir el programa La Discusión Constituyente que comienza hoy en radio La Discusión y sus plataformas digitales, y que responde a un esfuerzo conjunto de nuestra emisora y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán.
La insuficiente preparación cívica de nuestra población se manifiesta en carencias de información y en errores de criterio que, a menudo, la incapacitan para ejercer con idoneidad las funciones de la ciudadanía. Esto se aprecia en cuestiones básicas, como en las que conciernen al papel de los tres poderes del Estado, la forma en que se constituye el Congreso o en lo que respecta a los derechos humanos.
Ese vacío en la educación del ciudadano significa una declinación inquietante respecto a épocas anteriores donde se le asignaba una tarea específica: hacer conocer la Constitución, sus antecedentes y sus normas fundamentales.
Por el contrario, esa virtuosa vinculación entre la educación y los asuntos públicos se interrumpió con el golpe militar. Ya venía contaminada con la tentación de convertirla en un instrumento de captación ideológico-partidista durante el gobierno de Salvador Allende, pero de 1973 en adelante prácticamente desapareció.
De hecho, durante la dictadura el oscurantismo en esta materia fue total, incluso cuando se promulgó la Constitución de 1980. No hubo experiencia didáctica alguna, y menos una dimensión práctica, al punto que el referéndum que la ratificó es hoy considerado una abominación en materia de formación ciudadana y participación libre e informada.
Cuarenta años después, la educación cívica que Chile necesita, en este particular y complejo momento de su historia, no puede quedarse en los eslogan del Apruebo o del Rechazo, sino que requiere información, reflexión, crítica y tolerancia para repensar las normas, las instituciones y su buen funcionamiento.
