Con algo de ironía, el concejal Camilo Benavente (PPD) dice “así que ahora soy de derecha”.
Esto, en relación a las transcripciones hechas por la Fiscalía, respecto de las conversaciones telefónicas interceptadas entre el dueño de la empresa Itelecom, Marcelo Lefort y el exasesor jurídico de la municipalidad de Chillán, Marcelo Campos.
Tal como lo publicara en la edición de ayer, LA DISCUSIÓN, en uno de esos extractos, Lefort se queja de los obstáculos que Benavente estaba poniendo para que la licitación para el recambio de luminarias a tecnología led en la comuna de Chillán, se la pudiera adjudicar Itelecom.
Conforme al texto fiscal “Campos le dice que ese concejal, que es de derecha, no es parte del equipo y que siempre va a existir uno que no va a ser parte y que va a molestar, sobre todo si tiene la intención de ser alcalde, pero que esté tranquilo que él se anticipa a todo”.
Pero ya sin humor alguno, Benavente agrega que “a mí lo que preocupa es que dice que yo no era parte del equipo, y claramente, no se refiere al equipo municipal. En el fondo, creo que dijo eso para que Lefort pensara que conmigo no tenía afinidad y por eso no era parte de ese equipo, ahora lo que puedo decantar de esa frase es que hay un equipo que está involucrado, y es la Justicia quien deberá determinarlo”.
Otro concejal que se mostró desconcertado con lo del “equipo” fue Patricio Huepe. El militante DC con voz de incredulidad dice que “lamentablemente, con el paso del tiempo y con todo lo que se ha ido averiguando, nos hemos ido enterando de cosas que la verdad cuesta creer, sobre todo de personas por las que siempre he tenido un buen concepto”.
Respecto al entredicho en que queda la participación de algunos concejales en el “equipo”, Huepe plantea que “me cuesta creerlo. He hablado con todos sobre este tema y la verdad quiero creer que ninguno de ellos está enredado en esto”.
Los otros contratos
Con un reloj Cartier de cerca de 3 millones de pesos, Marcelo Lefort –conforme a las transcripciones telefónicas- habría agradecido los favores hechos por el abogado Víctor Amado, por “haberle ayudado a ganar varias licitaciones en el sur”.
Amado, a quien la Fiscalía muestra como “una persona con múltiples vínculos en Chillán, especialmente en el municipio”, y como interventor en la actividad ilícita, es socio y controlador de la empresa Dimensión S.A., que desde el año 2013 se adjudicó la licitación para la recolección de la basura en Chillán.
También se menciona a Giorgio Benucci como socio de Amado en Dimensión S.A. socio de una de las empresas que en 2007 se adjudicó la concesión del dominio esquiable en las Termas de Chillán.
Al respecto, tanto el concejal Huepe como su par Camilo Benavente, plantean que “ya es hora que se empiece a revisar con seriedad otros contratos hechos anteriormente en la municipalidad”.
Benavente también apunta a que “en esta municipalidad hay un responsable y es el alcalde, Sergio Zarzar. Aquí hay hechos evidentes que muestran que ha habido situaciones muy irregulares en la municipalidad de Chillán, por eso es una de las municipalidades más cuestionadas en Chile, hoy día”.
Mientras que Huepe cuestiona que “hay tantas personas que figuran en ese informe. Con nombres, cargos y la pregunta es por qué, entonces, no han sido formalizadas”.
Trasladada la pregunta al abogado Remberto Valdés, querellante en la causa en representación de los concejales, el jurista responde que “no han sido formalizadas…aún”.
Diálogo con el “favorito”
También hubo transcripciones de las conversaciones entre Marcelo Campos y el exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos, las que hasta lo que se ha hecho público, bastaron para que la Fiscalía Regional de Ñuble, convenciera a los tribunales de justicia que era necesario dejarlo en prisión preventiva hasta la fecha. Y a la fecha, sólo ha sido formalizado por cohecho.
Entre ambos existe un diálogo con una jerga relativa a la visita de Campos (quien se recuperaba de coronavirus) al médico en Santiago.
La Fiscalía interpreta que se trataba de una conversación en código, donde a Campos se le trataba de “mi favorito” y en la que Vallejos buscaba saber sobre los presuntos pagos de coimas, cuándo llegaban y si su viaje a Santiago, en este sentido, había sido exitoso.
A óptica del abogado Juan Carlos Manríquez, representante de Vallejos, “eso no significa absolutamente nada ni es constituvo de prueba alguna. El lenguaje es polisémico y lo que la Fiscalía interpreta es lo que ellos quieren interpretar, pero no se puede formalizar ni mucho menos llevar a juicio a alguien por medio de indicios, y ninguna prueba concreta”.
Diferente es la mirada de Remberto Valdés. Para el abogado estos códigos son comunes y los mismos que se dan entre conversaciones de bandas de traficantes de drogas, “porque evidentemente no pueden ser explícitos en una conversación telefónica, por razones obvias”.
El querellante agrega que “una apreciación armónica entre el contacto que tiene Campos, con Lefort, con Amado y con Vallejos, denotan que aquí hay una concertación para cometer el delito que se les está imputando, con una claridad brutal, en realidad, sobre todo si recordamos que a Campos se le encontró un maletín con 37 millones de pesos y fotos de cuando él recibe el bolso”. Por tal razón, Valdés presentó una querella por asociación ilícita en esa causa.
Finalmente, para el defensor de Marcelo Campos, abogado Giovanni Gotelli, “para que haya una asociación ilícita tiene que haber una organización con jerarquías y funciones claras. Si estamos frente a un delito de cohecho, obviamente debe haber más de un imputado, pero aquí no hay jefes ni intermediarios ni nada que se asemeje a una asociación ilícita”.
Tribunal Constitucional
La causa por el “caso Led” tiene a la fecha 16 personas imputadas, entre funcionarios municipales de Iquique, Chillán, más el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort.
La Fiscalía ya anunció otras tres formalizaciones más, incluyendo al socio de Lefort, en Itelecom, Pedro Guerra Guerrero.
De todas formas, el caso se encuentra en una especie de “stand by”, debido a que la defensa de Vallejos presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional, y fue acogida a tramitación, por lo que se dio como plazo el de diez días para que la Fiscalía haga sus descargos, antes de emitir un fallo.
La carpeta de investigación sigue, por petición fiscal, con estado de secreta hasta el próximo 30 de noviembre, por lo que la defensa, no ha tenido acceso a ella.
