Ya no se le puede echar la culpa a factores externos, como la pandemia, la inflación internacional o la guerra en Ucrania, por la difícil situación económica que atraviesa el país, uno de los pocos del mundo y el único de América que este 2023 tendrá crecimiento negativo.
De hecho, con cuatro meses consecutivos de variaciones negativas del Imacec (septiembre-diciembre de 2022), se espera que el reporte de enero muestre la quinta caída, consolidando una fase recesiva, que debiera dar paso a una lenta recuperación a partir del segundo semestre del presente año, de la mano de una menor inflación.
La masiva fuga de capitales que se viene observando en Chile desde 2019, responde principalmente a factores internos, como el clima de incertidumbre que generó el debate constitucional, el aumento de la carga tributaria y el alza sostenida del endeudamiento público, que aumenta el riesgo país. A ello se suma el discurso anti-empresarial que se instaló en un amplio sector político y que se percibe incluso en la tramitación ambiental de los proyectos.
En ese sentido, sería injusto responsabilizar al actual gobierno de la crisis que vive el país, ya que ésta responde a fenómenos que se vienen gestando hace tiempo, como la caída de la productividad y del crecimiento potencial, por ejemplo.
De lo que sí se puede culpar al gobierno es de no hacer nada para que la economía levante cabeza, por el contrario, ha impulsado medidas que desincentivan la inversión, por ejemplo, al insistir con una reforma tributaria que hará menos competitivo al país precisamente en un escenario de crisis, y otras que amenazan con ahogar más a las empresas de menor tamaño, como la reducción de la jornada laboral, la reforma previsional y el alza del salario mínimo, por nombrar algunas.
Y es que más allá de las flores que el ministro de Hacienda se lanza a sí mismo, por el superávit fiscal de 1,1% logrado en 2022 o porque Chile ha vuelto a ser el país más seguro para invertir en Latinoamérica (el chiste se cuenta solo); lo que debe importar es que la inversión está en niveles más bajos que en la prepandemia, que la inflación sigue empobreciendo a los chilenos de forma acelerada y que el Presupuesto 2023 prevé un aumento del gasto fiscal de 1,2% real y un déficit fiscal de 2,4% del PIB mientras los chilenos se deben ajustar el cinturón.
Así, no sorprende que en noviembre-enero recién pasado, cuando tradicionalmente la desocupación cede por el dinamismo estacional, la tasa haya subido a 8% a nivel nacional y a 8,3% en Ñuble, región que 12 meses atrás exhibía un desempleo de 5,0%, en plena pandemia.
La explicación estadística para el incremento en Ñuble es que la fuerza de trabajo aumentó (3,8%) más que el número de ocupados (0,2%), es decir, entraron más personas al mercado laboral que el número de empleos creados.
Esta falta de dinamismo en la creación de puestos de trabajo es una consecuencia de la fuerte caída de la inversión, pero también de los desincentivos a la contratación que representan algunas políticas, algo que se hace patente al constatar que en el comercio, que concentra el 20% de los trabajadores, se haya destruido el 7,4% de los empleos en un año.
En la medida que las autoridades no corrijan el rumbo y que el país siga siendo poco atractivo para invertir, será muy difícil que el empleo se pueda recuperar.
