La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados prosigue la discusión y votación particular del proyecto que modifica una serie de normas en materia de migración.
Durante la última jornada, y gracias el trabajo realizado por la mesa técnica constituida para tal efecto, se logró avanzar en diversas propuestas para modificar la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, así como otros cuerpos legales.
De tal forma, la instancia aprobó normas referidas al transporte de migrantes irregulares, así como medidas para desincentivar su traslado.
Así, se establece la prohibición de transporte desde zonas fronterizas, a todo migrante que no cuente con la documentación respectiva. Se fija, además, multas de 100 a 150 UTM para aquellos dueños de vehículos motorizados por cada persona extranjera que trasladen de manera irregular. A ello se agrega el retiro del vehículo.
Respecto de las expulsiones, la instancia acordó que las empresas de transporte de pasajeros no podrán negar, sin causa justificada, la venta de pasaje en el marco de un proceso de expulsión. El plazo máximo para efectuar el procedimiento será de 48 horas, desde que la compra sea solicitada por la autoridad competente.
Adicionalmente, la comisión aprobó el establecimiento de sanciones adicionales para quienes realicen traslado de migrantes bajo circunstancias abusivas, de maltrato, inhumanas o denigrantes.
Cabe recordar que el mensaje incorpora nuevas causales para prohibir el ingreso de migrantes y amplía las de expulsión. Entre ellas, las condenas por delitos de violencia intrafamiliar y quienes hayan cometido un crimen o tengan procesos pendientes en el extranjero.
También contempla el rechazo o la revocación de permisos de residencia contra quienes sean condenados por faltas. Involucra tanto las contempladas en el Código Penal como de otras leyes de competencia de los Juzgados de Policía Local.
Junto a aquello, el proyecto incluye la posibilidad de tomar datos biométricos de extranjeros en situación irregular. Igualmente, establece como agravante promover la entrada ilegal de personas que tengan prohibición de ingreso y aumenta las penas del tráfico de migrantes y trata de personas.
La comisión espera despachar el proyecto durante el mes de octubre.
