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Avanzar en un mayor nivel de probidad en el servicio público. Esa es la finalidad de un proyecto aprobado en general por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual modifica la Carta Fundamental para establecer inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.
La norma define que estarán inhabilitados para desempeñar un cargo o función pública, aquellos que hubiesen sido condenados por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad.
Adicionalmente, establece que cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. No obstará a estas sanciones el que el cargo sea de elección popular.
La comisión acordó que se podrá presentar indicaciones hasta el lunes 9. Con ello, se espera votar hasta total despacho el articulado el próximo martes 10 de septiembre.
“Es importante dar señales”
A nivel local, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, manifestó que “esta iniciativa se aprobó en general en la comisión, quedó con plazos para presentar indicaciones, y básicamente, lo que hace es modificar el artículo 8 de la Constitución, de tal manera que se establece una causal nueva de cesación del cargo, general a todos los cargos públicos, aunque sean de elección popular. También se pierde el cargo o no se puede postular cuando existen sentencias por delitos contra la probidad, porque esto, en el fondo, se complementa con la norma que hoy día existe, que impide postularse cuando pierdes tu calidad de ciudadano con derecho a sufragio, y por lo tanto, hay una condena aflictiva de por medio”.
Según Sauerbaum, “la idea es impedir que personas que tengan sentencias previas en temas de probidad puedan seguir postulando a los cargos indefinidamente”.
Desde el PSC, la diputada Sara Concha expresó que “es importante subir los estándares. Cualquier persona que tenga algún antecedente o que haya cometido delitos que tengan que ver con la corrupción, la falta de transparencia, la probidad, por supuesto que tiene que quedar inhabilitada. Una persona que tiene antecedentes no puede ejercer un cargo público, menos de administración de recursos que son del Estado, y que además, pertenecen a todos los chilenos”.
Añadió que “debe haber una buena administración de los recursos, tienen que llegar los recursos a la gente, donde está la verdadera necesidad, y en eso nosotros no nos perdemos. Por eso desde el Partido Social Cristiano obviamente vamos a apoyar todas las iniciativas de ley que tengan que ver con resguardar la probidad, la transparencia, porque además, es algo que está en la declaración de principios del PSC”.
Para los diputados de la UDI, la iniciativa cumple con un importante objetivo, sobre todo, en el actual contexto.
“Cualquier medida que apunte a mejorar los estándares de probidad en nuestro país, la vamos a apoyar sin ninguna duda. Hoy tenemos la obligación de dar señales claras a la ciudadanía, prohibiendo que las personas que sean condenadas por estos delitos puedan postular u ocupar cargos públicos”, dijo Cristóbal Martínez.
Agregó que “nos parece bien que avancemos cuanto antes con este proyecto, sobre todo, pensando en los procesos electorales que se avecinan”.
Su compañera de bancada, Marta Bravo, también respaldó el proyecto.
“Vamos a apoyarlo y presentaremos todas las indicaciones que sean necesarias para perfeccionarlo. En medio de la grave desconfianza que existe en el sistema público, es fundamental que demos señales en esta línea”, expresó.
