El miércoles 31 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el decreto con fuerza de ley que determina la entrada en funcionamiento, a partir de este 1 de enero, de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, marcando un hito clave hacia la plena implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que busca reducir extensos tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, fenómeno también llamado “permisología” estatal.
El término, instalado en el debate público, describe un problema real. La burocracia excesiva, las normas superpuestas y los tiempos inciertos de tramitación han terminado por frenar proyectos, encarecer inversiones y ahuyentar oportunidades que podrían traducirse en empleos y dinamismo regional. En Ñuble, donde el desarrollo aún arrastra deudas históricas, esa realidad golpea con más fuerza. Basta conversar con agricultores que esperan meses por una autorización de riego, empresarios que ven paralizadas ampliaciones industriales o constructores que luchan por acelerar permisos de edificación.
La LMAS, que fue publicada el 29 de septiembre de 2025, establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos.
La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.
En un contexto de bajo crecimiento económico y escaso dinamismo del mercado laboral son bienvenidas todas aquellas medidas que contribuyan a fortalecer la capacidad del Estado para agilizar permisos, reducir incertidumbre y apoyar la inversión en el país. Por esa razón, esta iniciativa legal, impulsada por la administración Boric, fue apoyada transversalmente durante su discusión, ya que nació de una legítima preocupación del mundo empresarial que fue recogida por el Ejecutivo.
La labor de esta nueva Oficina incluye la administración de la ventanilla digital única “Super”, la supervisión del cumplimiento de plazos y estándares de tramitación y la propuesta de mejoras continuas al sistema -tanto regulatorias como de gestión- para que las personas y las empresas tengan mayor certeza jurídica y predictibilidad al iniciar y desarrollar sus proyectos de inversión.
A estos avances en la implementación de la LMAS, se suma que en diciembre se inició el proceso de modernización de autorizaciones sectoriales con siete instituciones clave en la entrega de permisos.
Sin embargo, esto “no es una varita mágica”. La efectividad de la ley dependerá de tres factores: reglamentos bien diseñados, capacidad humana y tecnológica de los servicios públicos para cumplir plazos y voluntad política para que las instancias de alto nivel, sobre todo, ambientales, no se transformen en nuevos cuellos de botella.
