A solo semanas que venza el plazo legal para inscribir las candidaturas al parlamento, el Ministerio del Interior reiteró mediante la Circular N°32, firmada por el ministro (s) Víctor Ramos, que todas las autoridades que ocupen cargos de confianza y pretendan postular a las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre de 2025, o eventualmente a una segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre, deberán renunciar a más tardar este martes 15 de julio.
La instrucción, que actualiza y complementa directrices anteriores, busca resguardar “la prescindencia política, la imparcialidad, la transparencia y la legitimidad del actuar público”, y se dirige especialmente a quienes ejercen funciones por designación directa, como seremis, subsecretarios y jefaturas superiores de servicio, además de otros cargos de confianza vinculados a autoridades electas o designadas.
En el caso de Ñuble, la aplicación de esta medida ha generado un sutil remezón político.
Fuentes del gobierno local aseguran que al menos cinco secretarios (as) regionales ministeriales están en un proceso de reflexión interna: el seremi de Economía, Erick Solo de Zaldívar (FA); la de Desarrollo Social, Marta Carvajal (PC), la vocera de Gobierno, Valentina Pradenas (FA); el titular de Agricultura, Antonio Arriagada (PS); y el seremi de Vivienda, Antonio Marchant (PC), aunque este último ya habría comunicado a sus cercanos que se mantendrá en su cargo.
Aunque ninguno de ellos ha hecho pública su decisión, desde sus respectivos entornos reconocen que existe interés por asumir un rol electoral este año.
¿Se debilita el despliegue del gobierno?
La situación ha generado debate al interior de los partidos del oficialismo, los que aún no han cerrado los pactos parlamentarios, ni definido los distritos que serán prioritarios para la contienda. Desde algunas colectividades consideran que el escenario sigue siendo muy “líquido” y que exigir definiciones tan anticipadas podría debilitar el despliegue del gobierno en el territorio, en un momento en que varios de los seremis involucrados tienen evaluaciones positivas de gestión.
“Nos están pidiendo que renuncien autoridades que han hecho bien su trabajo, sin que exista siquiera claridad sobre las listas ni los cupos. Eso puede afectar al Ejecutivo más que beneficiar a las candidaturas”, comentó en reserva un dirigente del oficialismo en la región, quien reconoce que hay conversaciones cruzadas entre partidos para contener el efecto.
Instructivo de Contraloría
Desde el Ministerio del Interior se recalca que la medida responde a los principios establecidos en el artículo 26 de la Constitución y a la legislación vigente, como la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y la Ley N° 19.653, sobre probidad administrativa. Asimismo, se cita el instructivo del contralor General de la República, emitido en abril, que refuerza la necesidad de mantener la neutralidad del aparato estatal durante los procesos electorales.
En los hechos, el documento establece que deben dar un paso al costado no solo quienes ya han definido competir, sino también quienes “realicen actividades tendientes a ello”, una fórmula amplia que ha generado preocupación. La interpretación extensiva del instructivo ha motivado conversaciones entre representantes del Ejecutivo y los partidos para analizar caso a caso y evitar eventuales sanciones por uso indebido de recursos o vulneración del principio de prescindencia.
La tensión se produce en un contexto de alta incertidumbre electoral: las inscripciones de candidaturas vencen recién el 18 de agosto, y hasta ahora ningún bloque político ha inscrito oficialmente sus pactos. Pese a ello, el cronograma administrativo obliga a apurar definiciones que podrían tensionar aún más al oficialismo, especialmente en regiones como Ñuble, donde la competencia parlamentaria se anticipa reñida.
