La empresa dueña del plantel porcino Santa Josefina ubicado en el sector Bustamante de Coihueco, Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., emitió una declaración pública en un medio local, criticando la sanción de clausura decretada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en abril del año pasado, cuyo plazo de cierre venció hace cinco meses.
Entre sus argumentos la firma expuso que “hemos sido objeto de un conjunto de acciones arbitrarias e ilegales fomentadas por autoridades políticas, las que valiéndose de organismos administrativos, de los tribunales, e incluso de ciertas y determinadas personas, se han obsesionado con el cierre del plantel”.
Agrícola y Frutícola Veneto aseguró que “se ha dicho que funcionamos al margen de la ley, ya que nuestra empresa por décadas se ha ceñido a normas legales y éticas”. Y enfatizó que “somos objeto de una persecución nunca antes vista”.
La SMA rebatió las críticas de la empresa y defendió la sanción impuesta al plantel por carecer de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “A la fecha, la empresa no ha cumplido con la sanción que se encuentra firme y autorizada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Todos sus esfuerzos se han destinado a generar litigios dilatorios, los cuales -uno a uno- se han ido rechazando”, sostuvo Cristian Lineros, jefe de la oficina regional de la SMA de Ñuble. La empresa mantiene acciones judiciales en el Tribunal Constitucional (TC), en la Corte Suprema y en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, pese a que solicitó al TC suspender el proceso del Tribunal Ambiental.
Lineros recordó que “la sanción obedece a un historial de incumplimientos ambientales del plantel, que llevaron a la autoridad ambiental de la época a instruir diversos procesos sancionatorios que finalmente terminaron con la revocación de la autorización del plantel en el año 2012, ordenando además entrar en una fase de cierre del mismo. Sin embargo, el plantel siguió por años funcionando al margen de la ley, y la respuesta de la SMA es legal, proporcional y preventiva frente a esa situación de incumplimiento reiterado”. La Seremi de Salud ha cursado sumarios sanitarios a la empresa en 2016, en 2018, y el último en julio de este año por acumulación de residuos líquidos fuera de las líneas autorizadas.
En relación a las acciones que realiza la SMA para concretar el cierre que debería haber efectuado el 15 de marzo pasado, Lineros explicó que “hasta el momento se ha logrado materializar, hace un mes, la prohibición de la inseminación y monta de los animales, como también el aislamiento de machos reproductores. El próximo objetivo es lograr el despoblamiento del plantel, para lo cual se seguirá adelante con una acción coordinada entre diversos órganos de la administración del Estado”.
El intendente Martín Arrau, respaldó las acciones de la SMA. “Los actos que ha adoptado la administración se fundan en decisiones conforme a la ley, en la cual han actuado diversos servicios de la administración en el ámbito de sus competencias”
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Arrau destacó que “la empresa, como cualquier persona natural, está en su derecho recurrir a los medios de comunicación para los fines que estime conveniente”.
Apoyo del municipio
El alcalde de Coihueco, Carlos Chandía, enfatizó que “si de nosotros hubiese dependido el cierre de Agrícola Veneto y la producción de cerdos ya se habría hecho. Tengan por seguro que ya habría estado cerrado hace mucho rato, pero somos respetuosos de las normas, las leyes y todo lo que tenga que ver con actos público administrativos”.
Chandía manifestó que “yo estoy absolutamente en favor de los vecinos. Se lo hicimos ver a la empresa en una reunión solicitada a través de ley del lobby por los abogados y propietarios de la empresa en la Municipalidad. Ellos me preguntaron de qué lado estaba y qué postura tenía, y yo les dije que absolutamente con los vecinos, apoyamos todas las acciones de las juntas de vecinos afectadas”.
Rechazo de la comunidad
Rosa Saldías, residente del sector de Bustamante, afirmó que “me da pena que la empresa mienta tanto, y la gente esté tan desinformada y le crea. Esto pasó porque las autoridades locales no se tomaron esto con la importancia que requería”.
Saldías se refirió a las críticas de la empresa por el rechazo de su Declaración de Impacto Ambiental por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través de la cual prentendían aprobar el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Plantel de Cerdos Santa Josefina”. “La declaración que rechazó el SEA, era para 50 años y si fue rechazada es porque tenía incumplimientos”.
Los vecinos de Bustamante presentaron la semana pasada un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán, y en junio una querella por desacato en la Fiscalía local. “Pedimos a Fiscalía que investigue. Ellos tienen su RCA vencida y no mejoran su tratamiento de riles”, hizo hincapié Saldías.
Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, quien representa a los vecinos del sector, cuestionó las afirmaciones de la empresa emitidas en la declaración. “Hay sumarios sanitarios y más de 50 procesos de fiscalizaciones de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, existe una serie de vulneraciones que ellos las minimizan. Nadie les discute que funcionen desde hace mucho tiempo, y que en algún momento lo hicieron en la legalidad, pero actualmente ellos no tienen RCA, en circunstancias que la ley les exige una. No tener el permiso ambiental más relevante para funcionar es hacerlo al margen de la legalidad”.
El abogado planteó que “son contradictorios. Dicen que ellos no requieren un permiso ambiental, pero por otra parte en la misma declaración plantean que están reclamando porque les rechazaron la solicitud de un permiso.Esto no es un ataque en contra de la empresa, es una intención de proteger la calidad de vida de los vecinos”.
Frez recordó que “ellos hasta antes que asumieran esta nueva defensa jurídica reconocen expresamente en el programa de cumplimiento que ellos mismos presentaron en 2016, que funcionaron en irregularidad, y ahora plantean lo contrario”.
Y agregó que “desde el año 2012 que no tienen RCA. A cualquier otra empresa que llevara siete años sin ella, la habrían cerrado hace mucho. Reclaman un trato discriminatorio, pero por otra parte quieren que se le aplique la legislación en los términos que más les convienen a ellos”.
