En redes sociales se ha compartido ampliamente el caso de un profesor de un colegio en Punta Arenas que decidió renunciar a su trabajo debido a que en una gira de estudios, los apoderados le quitaron el respaldo ante la aplicación de sanciones a alumnos que habían incurrido en actos de indisciplina. El profesor había expuesto además, que algunos de esos estudiantes habrían incurrido en acciones delictivas por compra de drogas, pero a pesar de ello, los apoderados no respetaron sus decisiones disciplinarias, haciendo muy difícil ordenar a los alumnos en el marco de la responsabilidad formativa que implica la actividad pedagógica. Este incidente que ocurrió fuera del aula, se enmarca en una instancia educativa en las que los docentes continúan cumpliendo su cometido pedagógico asumiendo una enorme responsabilidad en la conducción, orientación y protección de los escolares.
La situación descrita es un ejemplo real que permite advertir cuán frágil es hoy la autoridad docente. Es necesario subrayar que hechos como este han incidido en su descrédito. También la ha afectado seriamente la equivocada teoría educativa que ha seguido nuestro sistema educativo desde hace unas pocas décadas, que en esta dimensión busca que los docentes actúen, centralmente, como mediadores de aprendizajes y no sean formadores en el conocimiento y el carácter de los escolares, contexto en el cual los profesores han de desarrollar una horizontalidad técnica en la relación educador-educando.
Fundamentalmente, la autoridad docente radica en dos grandes componentes. En primer lugar, en la responsabilidad axiológica y calidad ética puesta en obra por el educador. Luego, el otro componente es su sabiduría socialmente reconocida por parte de los estudiantes, apoderados, pares y directivos. En paralelo, los profesores disponen de la potestad que le han conferido las familias y la sociedad para promover en los alumnos el desarrollo integral de sus potencialidades y capacidades. Sin autoridad y sin potestad, la actividad educativa simplemente se corrompe, perjudica y termina perdiendo su esencia.
Ahora bien, en el ejercicio docente la autoridad se pierde toda vez que se abusa de poder o en los casos en que no se aplica cuando es debido. Asimismo, es oportuno notar que una circunstancia que ha incidido mucho en la pérdida de autoridad docente radica en la ingente burocracia y los múltiples objetivos técnicos que se le ha impuesto a la acción educativa. En específico, esta situación ha dañado severamente la vocación de servicio que siempre distinguió la profesión pedagógica, convirtiendo a muchos profesores en funcionarios. Por último, la autoridad se pierde, desde luego, cuando los padres o la sociedad quitan la potestad al educador.
Pocos podrán tener dudas en cuanto a la urgencia por recuperar y reforzar el prestigio docente, considerando en este desafío la renovación de la autoridad de los educadores. Al respecto vale la pena preguntarse ¿qué cambios tendría que hacer el Ministerio de Educación para lograr este objetivo?¿Hay algo que puedan hacer los directivos escolares, las familias y los propios docentes?
