Una de las pocas cosas donde hubo coincidencia entre la mayoría de izquierda que controló la Convención Constitucional y la minoría de centro-derecha que también la integró fue el interés por reducir la dieta parlamentaria. Desde ambas trincheras realizaron propuestas de normativas, y aunque evitaron reconocer el consenso, hubo un tácito acuerdo en un objetivo común: menos plata para los sueldos de los parlamentarios.
Según la información que entrega la Biblioteca Nacional del Congreso, el sueldo bruto de los parlamentarios supera los 9 millones de pesos.
La propuesta de los movimientos sociales pretendía fijar un máximo de dieta de 10 veces el ingreso mínimo (3,5 millones de pesos) para todos los cargos elegidos por votación popular. Por otro lado, la propuesta de la derecha, impulsada por el representante de Ñuble, Martín Arrau, consideraba rebajar la dieta de los parlamentarios a 50 UTM (2,8 millones) y 25 UTM (1,4 millones) en asignaciones.
Precisamente fueron las asignaciones para el ejercicio de la función parlamentaria las que llevaron a que el tema recobrara actualidad. En específico, hoy se destinan 4,4 millones para gastos operacionales, donde se incluyen traslados, arriendo de vehículos, movilización de personal, combustible y pasajes en cualquier medio de transporte que deban utilizar. Son los llamados gastos de traslación que en octubre pasado desataron un nuevo escándalo y nuevas críticas a quienes integran el poder Legislativo.
Días atrás también se supo que el Congreso arrienda autos hasta por cuatro años. O sea, vehículos para uso permanente (fines de semanas incluidos) que diputados y senadores tienen a disposición 24/7. A esto le puede sumar la contratación de servicios de estacionamiento a lo largo de todo el país, lo que incrementa las cifras. Además, a los parlamentarios que no arriendan y prefieren usar su auto, el Estado les paga cerca de 250 mil pesos mensuales por amortización y desde septiembre 2022 pueden cambiar los neumáticos de sus autos con costo a las asignaciones.
Ciertamente, se trata de gastos cuya rentabilidad es muy difícil de medir, dado el carácter subjetivo de las tareas parlamentarias, pero sí existe coincidencia en la opinión pública, e incluso entre varios legisladores, de que se trata de montos excesivos. De hecho, están entre los más altos del continente.
Pero más allá de debatir sobre los montos que los legisladores manejan, primero resulta esencial conocer el verdadero impacto de esas asignaciones en el trabajo que desempeñan diputados y senadores, y para ello es fundamental contar con un instrumento de medición de la utilidad de las asesorías, por ejemplo, que permitiera saber de qué manera sirvieron para la elaboración o perfeccionamiento de un cuerpo legal.
El creciente cuestionamiento ético a la labor de los políticos obliga a los servidores públicos a elevar los niveles de transparencia de su gestión, así como también, a introducir un mayor sentido de austeridad en el uso de los recursos públicos, por lo que se esperaría que en adelante el Poder Legislativo introdujera mecanismos de evaluación del gasto de los parlamentarios, pues las arcas fiscales no son el dinero de nadie, son los impuestos de todos.
