Cuando en 1994, recién recuperada la democracia, se le preguntó al entonces ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, qué hacer para elevar el crecimiento económico de Chile, la respuesta fue: “invertir, invertir e invertir”. Y con toda razón, ya que la evidencia internacional demostraba que en general aquellas economías que destinaban una parte importante de su producto interno bruto a inversión mostraban mejoras sostenidas en las tasas de crecimiento del PIB y el PIB per cápita.
Hoy en día si se hiciera la misma pregunta, la respuesta inequívoca sería “innovar, innovar, e innovar”. Esto significa que más allá de la inversión y acumulación de capital es la productividad de los factores que explica la diferencia de crecimiento de los ingresos entre países y que depende fundamentalmente del progreso tecnológico y la innovación.
Sin embargo, la evidencia no es alentadora para Chile. Los recursos destinados en nuestro país a la Investigación y Desarrollo (I+D) no superan el 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB), y hace una década que esa proporción no cambia, mientras que el promedio de la Ocde sextuplica esta inversión. Incluso en países como Finlandia, Suecia, Israel, Japón y Estados Unidos gastan casi el 5% de su PIB en I+D.
Tal menosprecio al aporte que puede hacer la ciencia al desarrollo nacional y regional persistió durante sucesivas administraciones, y por lo mismo, el anuncio de un aumento de 9,6 puntos porcentuales en Ciencia y Tecnología que considera el Presupuesto de la Nación para 2023, es visto como una importante oportunidad para el futuro del país y el desarrollo de esta área del conocimiento de cara a las próximas décadas.
Se trata de casi 76 mil millones de pesos, una cifra histórica, pero la verdad es con ella solo llegaremos al 0,37% del PIB. Esto porque en nuestro país quien más invierte es el Estado junto a las universidades.
Hay voces que argumentan que en Chile el Estado debe hacer el peso de llegar al 1%, sentando así las bases para que el resto de sectores se sumen. Pero lo cierto es que para que llegar a un 1% de gasto en I+D –de forma sostenible– debe existir un ecosistema que lo necesite, financie y regenere continuamente. Si no existe esa imbricación, la I+D difícilmente será parte fundamental de la economía del país.
En resumen, para que la inversión pública en I+D sea efectiva, requiere de una estrategia con lineamientos y objetivos sostenibles, y estímulos a la inversión privada en innovación en diversas formas: incentivos económicos, facilidades regulatorias, y centros sectoriales especializados en innovación, como el que proyectan en Ñuble el Gobierno Regional y la Universidad de Concepción, en materia de agroalimentación y desarrollo de una agricultura con mayor valor agregado.
Si esto se hace correctamente, la inversión privada en investigación y desarrollo aumentará junto a la pública, y con el tiempo lo hará a un ritmo superior. Esto, a su vez, dará mayor competitividad a nuestras empresas, generando más riqueza y más y mejores puestos de trabajo en una región que justamente necesita mejorar la calidad de su mercado laboral.
