El próximo 10 de junio, Ñuble y las otras 15 regiones del país vivirán un momento histórico para el proceso de descentralización: elegirán por primera vez, de forma directa, a los gobernadores regionales, máximas autoridades de los territorios.
Si bien significa un avance en términos de dejar atrás el centralismo de la Región Metropolitana en la toma de decisiones, aún persisten dudas respecto de las reales atribuciones con que contarán estas nuevas autoridades.
Es más, comenzó a discutirse recién en el Congreso, a solo seis meses que asuman los gobernadores, la denominada “ley corta” que perfecciona la descentralización, y desde los centros de estudios regionales como Corbiobío, Corñuble y Chile Descentralizado, existe preocupación en torno a algunos “vacíos”, que tendría la normativa que acompañará a las nuevas autoridades.
Por ejemplo, no hay claridad en estos momentos respecto de la transferencia de competencias, el silencio administrativo, la evaluación de transferencias de competencias, revocación de competencias y definición de competencias transferibles, que es algo que debiera zanjarse durante la actual discusión legislativa.
También existen vacíos en torno a la estructura y organización: unidad de control, traspaso de funcionarios, acusación constitucional, resolución de controversias y relación con otros órganos de la administración del Estado.
Pero sin dudas, en lo que existe mayor ambigüedad, es en torno al financiamiento regional y la responsabilidad fiscal, así como sobre la flexibilidad administrativa y presupuestaria. Todo eso forma parte de otro proyecto de ley que debería subsanar estos déficit.
También existen otras materias reglamentarias que no están aún claras, como las normas de protocolo regional e instalaciones físicas de los gobiernos regionales.
Además, está la incertidumbre respecto del “duelo” de competencias que tendrán los gobernadores regionales y los delegados presidenciales regionales. Estos últimos serán designados directamente por el Presidente de la República, y de ellos dependerán los jefes de servicios y los secretarios regionales ministeriales. Además, la mayoría de las atribuciones competenciales que tendrá el gobernador regional elegido son compartidas con el Consejo Regional, cuestión que no ocurre en el caso de los delegados presidenciales, cuyas atribuciones son exclusivas.
Todas estas materias están alineadas con los ejes definidos por la mesa técnica de descentralización, convocada por el Gobierno el año 2019.
Si bien se comunicaron a tiempo los “nudos” críticos que aún tenía la legislación, la voluntad política no acompañó del todo la discusión legislativa.
