Una defensa a la libertad de expresión realizó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), ante la Convención Constituyente. En una presentación frente a la Comisión de Derechos Fundamentales, Juan Jaime Díaz, presidente del gremio que agrupa 62 medios de comunicación a lo largo país, destacó la importancia de asegurar -a través de nueva Constitución- la libertad de buscar, acceder y recibir información veraz, y emitir opiniones, sin censura previa.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]“Los medios de comunicación luchan contra la desinformación y la diseminación de noticias falsas o fake news. Para realizar un trabajo periodístico profesional, es necesario garantizar el acceso a la información y también el derecho a recibir información veraz”, afirmó Juan Jaime Díaz.
Así también, destacó la importancia de resguardar la autonomía e independencia editorial de los medios de comunicación, de acuerdo con las formas y condiciones que establezca la ley. “Ninguna norma legal referida a la libertad de prensa puede afectar la autonomía de los medios y la libertad editorial. Este resguardo debe consagrarse constitucionalmente”, agregó.
Autorregulación
Otro tema clave para resguardar la libertad de prensa es que los medios de comunicación guíen su acción de acuerdo con los principios de responsabilidad social y las normas de autorregulación.
Asimismo, destacó que el estándar en materia de derechos humanos consiste en eliminar los delitos de injuria y calumnia a figuras de indemnización de carácter civil. También debiera garantizarse, en un nuevo texto, que los medios no van a ser clausurados y no van a sufrir medidas directas o indirectas que impidan la circulación de información y opinión.
“En contexto democrático, los medios tenemos una responsabilidad social, que es informar a la sociedad y favorecer la formación de opiniones. Estos deberes no deben descansar en una acción estatal, sino deben encarnarse en la labor de los propios medios, quienes deben seguir ciertos mínimos de ética periodística. El Estado no debe, en ningún caso, ser el guardián o árbitro de la información que se difunde”, concluyó.
[/bg_collapse]
