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La idea de un cambio de Constitución se ha instalado con fuerza en la agenda del país, pero esta vez no como una materia de corte académico o solo de preocupación de algunos intelectuales, sino que es de interés detodos los chilenos, coexistiendo con exigencias de fin a los abusos, no más AFP y mejores sueldos.
Lo primero es que nuestra actual Carta Magna no es el producto de una adecuada deliberación democrática y ello le resta legitimidad. Sin embargo, no solo tiene un vicio de origen, además en su estructuración se verifican una serie de falencias en torno a materias de derechos sociales, civiles y económicos, una estructura de Estado altamente centralizada, sistemas contramayoritarios que facilitan el veto de las minorías e impedimentos que dificultan la representación de las mujeres, de los pueblos originarios y de las regiones.
En definitiva, no es solo una Constitución con severos déficit de legitimidad. Además, es una mala regla para fijar la convivencia democrática que se merece nuestro país.
El consenso frente a la necesidad de una nueva Constitución ha crecido a tono con la fuerza de la movilización social. De acuerdo a la última encuesta elaborada por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el 80,7 por ciento de los encuestados considera que es bastante o muy importante para el país tener una nueva carta fundamental.
Donde no hay acuerdo –al menos en el mundo político- es respecto al mecanismo o metodología con que se debe realizar el diseño de la nueva Constitución, pues radicarlo exclusivamente en las instituciones democráticas hoy no parece sensato. La confianza de las chilenas y los chilenos en ellas está profundamente dañada.
Por lo mismo, hoy la manera de recuperar confianzas frente a la crisis que vivimos, pasa por incorporar a la ciudadanía al proceso de diseño de las nuevas reglas y normas que tendría la nueva Constitución.
Allí aparece la opción de una Asamblea Constituyente, que es el mecanismo que asegura de mejor manera la participación de la ciudadanía en el diseño institucional. La concurrencia vinculante de la ciudadanía a un nuevo pacto institucional, aseguraría la adhesión al mismo y la legitimidad que Chile requiere para avanzar en su desarrollo.
Por otro lado, esta fórmula entrega la posibilidad a las regiones de incidir de manera mucho más relevante en el diseño y el ordenamiento territorial y administrativo del país, pues el proceso posibilita el debate sobre la organización del Estado.
Chile tiene la oportunidad de resolver el problema del cambio constitucional en un marco de convivencia cívica e institucional, donde no todos estarán de acuerdo en una Asamblea Constituyente. De hecho, tener diversas visiones respecto al mecanismo óptimo de diseño de la nueva Constitución es legítimo y enriquece el debate. Pero, sin lugar a dudas, ello debe ser resuelto por la misma ciudadanía.
