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Con la medida cautelar de arresto domiciliario total finalizó la audiencia de formalización, en la tarde de ayer, en contra de Juan Araneda Luengo, conductor de una camioneta, quien la noche del domingo causó un accidente de tránsito donde falleció otro chofer, Héctor Valderrama Pinilla, y que dejó a la esposa de este con lesiones, en San Ignacio.
El accidente se registró pasada las 21.00 horas de la noche de este domingo, a la altura del km. 19 de la Ruta N-59 en San Ignacio.
Los informes preliminares de Carabineros precisan una colisión entre el vehículo que conducía Valderrama Pinilla, el que chocó con el automóvil de Araneda Luengo, quien conducía en estado de ebriedad. Traspasó el eje de la calzada a consecuencia de la pérdida de control del móvil.
Una vez que se hiciera presente el SAMU, su personal constató que Héctor Valderrama, quien registraba residencia en Yungay, falleció en el lugar producto del impacto.
Por lo anterior, Araneda Luengo fue formalizado, en el Juzgado de Garantía de Bulnes, por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y de lesiones.
Pidieron prisión preventiva
El fiscal (s) de Bulnes, Andrés Salgado, explicó que, en primera instancia, “el vehículo del imputado golpeó la barrera de un puente, por lo que quedó obstaculizando el paso, lo que ocasionó que el otro automóvil lo chocara”.
El fiscal Salgado, tras leer los pormenores del informe pericial de Carabineros, pidió al tribunal que se decretara la prisión preventiva del imputado, sin embargo, esto no fue acogido, por lo que el Ministerio Público anunció que apelará a esa decisión en la Corte de Apelaciones de Chillán.
Por otra parte, Carabineros informó que Juan Araneda Luengo se había negado a realizarse la alcoholemia (que es una obligación legal), por lo que fue necesario informar de esta situación al juez, para que él decretara una orden judicial para obligar al imputado a realizársela.
Ese trámite tiene la importancia de acreditar la cantidad de alcohol en la sangre que presentaba Araneda Luengo, para acreditar su estado de ebriedad y contar con los certificados médicos que le permitan a la Fiscalía elaborar una acusación ante un eventual juicio oral.
El Juzgado de Garantía de Bulnes decretó 90 días como plazo para la investigación.
