Una propuesta de norma constitucional para impedir la contratación en cargos públicos de cónyuges y parientes hasta en cuarto grado, de diversas autoridades nacionales donde se considera al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, delegados, alcaldes, concejales, consejeros, y cualquier otra autoridad de confianza; fue presentada esta mañana por un grupo de Convencionales de Vamos por Chile.
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La convencional Claudia Castro destacó que “todos sabemos que, a lo largo de la administración del Estado, y con sueldos pagados por todos los chilenos, encontramos gran cantidad de funcionarios que ocupan cargos por el único mérito de ser pariente de un alto funcionario o de un congresista cercano al Gobierno de turno. Es urgente establecer una regulación que impida estos abusos, que evite que el Estado sea un botín de turno, y que permita el ingreso de los mejores”.
Martín Arrau, precursor de la normativa, detalló que “estas inhabilidades cierran un paquete de medidas que buscan recuperar el valor del servicio público, al que deberían llegar las personas más idóneas y no aquellas con mejores contactos, ni aquellas que buscan enriquecerse. La propuesta se suma a nuestras presentaciones para reducir el Congreso a la mitad, a la que presentamos ayer para establecer la dieta de parlamentarios en 50 unidades tributarias mensuales, a la norma que establece la lesión de derechos por parte del Estado y a la que promueve su función eficiente, entre otras”.
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