Argentina anunció un acuerdo in extremis con sus acreedores para reestructurar deuda por unos 66.000 millones de dólares, que aleja al país de las consecuencias de un default.
Es un “alivio significativo” en el servicio de la deuda, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes, pocas horas antes del vencimiento del plazo establecido por el Ejecutivo para adherir a su oferta de canje.
El tiempo para cerrar los detalles de la nueva propuesta será de 20 días, hasta el 24 de agosto.
Luego de meses de difíciles negociaciones en medio de la pandemia del coronavirus, Argentina acordó con “el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores” la reestructuración de unos 66.000 millones de dólares de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera, añadió el gobierno en su comunicado.
Estos grupos representan a más de la mitad de los titulares de estos bonos.
“Tema económico solucionado”
Las partes, que hasta el lunes se mostraban firmes en sus posiciones, cedieron en varios puntos. La oferta formal de Argentina presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), contemplaba el pago de unos 53,5 dólares por cada 100 de deuda, mientras que los acreedores exigían unos 56,5 dólares por cada 100.
El nuevo planteamiento coloca la recuperación por encima de los 54 dólares por cada 100, y mejora los plazos de pago, explicó una fuente oficial a la AFP.
La mejora se consiguió “adelantando los pagos y sin ceder en el beneficio económico”, destacó a la AFP el analista Sebastián Maril.
“El tema económico está solucionado, falta ver los aspectos legales en detalle”, añadió.
Para la consultora Capital Ecomomics, el acuerdo ayudará a promover la “inversión, negocios y confianza de los consumidores en Argentina en el corto plazo”.
Pero persiste la duda “de que sea suficiente para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública argentina en el mediano y largo plazo”, advirtió.
El default, un riesgo para todos
El Gobierno aceptó adelantar las fechas de pago en los nuevos bonos al 9 de enero y el 9 de julio de cada año, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre como estipulaba la propuesta original, y también corrió el vencimiento de los títulos que serán emitidos para cubrir los intereses devengados en estos meses.
La oferta argentina abarca bonos de 2005 y 2010, fruto de una anterior reestructuración de deuda, y también otros emitidos a partir de 2016.
A lo largo de más de cuatro meses de negociaciones, tanto el gobierno como los acreedores han insistido en que desean evitar las consecuencias de un prolongado default, en el que ya Argentina incurrió el 22 de abril.
Cinco de los bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos, pues Argentina incumplió con la cancelación de intereses por 500 millones de dólares en abril y otros 600 millones la semana pasada.
Esa mora permitía a los fondos de inversión que detentan esos bonos acudir a los tribunales en Nueva York para solicitar el pago de la deuda.
Negociación clave
Aunque Argentina perdió su acceso a los mercados internacionales hace ya dos años, lograr un acuerdo era clave para el país. Al concretarlo, se abrirá la puerta a negociar un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional, tras el que suscribió en 2018 por 57.000 millones de dólares, de los que recibió 44.000 millones.
El FMI apoyó la búsqueda de un entendimiento entre Argentina y sus acreedores. Pero las tratativas con el organismo no serán sencillas.
La deuda con el FMI “involucra mucho dinero en los próximos años. Llegar a un acuerdo con el organismo podría no ser tan fácil como parece, porque los técnicos del Fondo van a pedir un plan económico consistente, algo que hasta ahora no se ha presentado más que en líneas muy generales” por parte del gobierno, opinó el economista Matías Carugati, de la consultora Management & Fit.
Argentina debe resolver además la situación de la deuda emitida bajo legislación nacional, de unos 41.700 millones de dólares, con pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, para la que el gobierno de Fernández ofreció condiciones equitativas a las que acuerde con los bonistas internacionales.
Tercera economía de América Latina, Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y su economía sufrirá aún más este año debido a la pandemia del coronavirus, con una contracción de 9,9% del PIB, según el FMI.
El país cerró 2019 con una pobreza estimada en un 35% y una inflación en más del 50% anual.
“Resolviendo el tema de la deuda pública, el gobierno ‘tacharía’ uno de los problemas de la agenda. Pero todavía le quedaría por atender la grave situación económica, con una depresión del nivel de actividad, una inflación que persiste en niveles elevados (…), desequilibrios macro importantes -déficit fiscal entre los más altos de la historia, financiado en buena parte con emisión de dinero- y una situación social más que preocupante”, concluyó Carugati.
