Por unanimidad, la Cámara Baja aprobó este miércoles un proyecto de ley que en mayo de 2022 presentó la diputada por la Región de Ñuble, Marta Bravo (UDI), que busca optimizar el mecanismo presupuestario del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, más conocido como “Ley Ricarte Soto”, de tal manera de garantizar una cobertura para quienes padecen esas enfermedades.
La iniciativa se terminó refundiendo con un proyecto que en junio de 2025 ingresó el Gobierno, lo que permitió -entre otras normas- modificar el marco legal con el que se creó el plan y, además, aumentar sus recursos, pasando de $100 mil millones a $185 mil millones.
Junto con valorar el incremento presupuestario de un 85%, la parlamentaria por Ñuble explicó que el proyecto -que ahora deberá ser aprobado por el Senado para convertirse en ley- no solo busca asegurar el uso eficiente de los recursos con los que se cuentan, para así garantizar un correcto diagnóstico y tratamiento para los pacientes que sufren de ese tipo de enfermedades, sino que también contará con mayores niveles de control para evitar que el fondo deje de ser sustentable.
“Este es un paso muy significativo para miles de familias que llevan varios años esperando una respuesta clara y segura por parte del Estado. La Ley Ricarte Soto no puede depender de la incertidumbre presupuestaria anual, porque estamos hablando de tratamientos que muchas veces son la única alternativa que tienen esos pacientes para seguir viviendo. Por lo tanto, era fundamental discutir sobre un mecanismo pudiera garantizar su sustentabilidad en el tiempo”, destacó la diputada Marta Bravo.
