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Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto conocido como “antievasión”, pieza fundamental del pacto fiscal impulsado por el Gobierno. Esta iniciativa tiene como principal objetivo asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión y elusión de impuestos en el país.
El Ministerio de Hacienda destacó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que este proyecto introduce una serie de medidas que benefician a las empresas de menor tamaño y apoyan la formalización de la economía. “Esta iniciativa, entre otras cosas, contiene una serie de medidas para las empresas de menor tamaño, apoya la formalización de la economía y combate firmemente la evasión y elusión de impuestos”, señaló la entidad.
La aprobación del proyecto se concretó luego de 12 votaciones, en las que la mayoría de los sectores políticos votaron a favor. Sin embargo, los parlamentarios del Partido Republicano se opusieron a la iniciativa. Para la centroizquierda, era crucial que el proyecto no se viera retrasado por una comisión mixta, ya que esto podría impedir su aplicación en el Presupuesto 2025, que debe ser presentado por el Ejecutivo al Congreso antes del próximo lunes.
Con esta aprobación, el Presupuesto 2025 podrá contar con 1.200 millones de dólares adicionales que aportará el proyecto antievasión, fondos que se destinarán principalmente a fortalecer la Pensión Garantizada Universal (PGU), así como a mejorar las áreas de salud y seguridad del país.
En conjunto con los recursos recaudados por el Royalty minero, sostuvo el Ministerio de Hacienda, “se incrementará el gasto público en seguridad en US$ 1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en inversión pública en seguridad, respecto de 2022”.
Los ejes de lo que será la nueva Ley pueden resumirse en modernización de la administración tributaria, control de la informalidad y delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente.
También contempla la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Ahondando en lo anterior, se puede resaltar que la modernización afectará directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería y a Aduanas. También a los tribunales tributarios y aduaneros; y a la Defensoría del Contribuyente.
