Share This Article
La Comisión de Recursos Hídricos de la cámara baja aprobó y despachó a la Sala el proyecto que modifica la Ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales. Su objetivo es prorrogar los plazos establecidos en la norma sobre el inicio de la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a los operadores.
La moción recuerda que, durante noviembre de 2020, entró en vigencia la ley de servicios sanitarios rurales. Fue en un contexto adverso, marcado por la pandemia. La norma buscaba establecer un marco jurídico e institucional en la provisión de agua potable rural (APR). Igualmente, respecto de la recolección y tratamiento de las aguas servidas.
Sin embargo, las restricciones sanitarias y medidas de confinamiento del momento limitaron severamente el funcionamiento de comités y cooperativas, encargados de administrar estos servicios sanitarios. Por esta razón, en 2021, la Ley 21.401 extendió el plazo para la inscripción en el Registro de Operadores, a noviembre de 2024. Este registro se concibió para garantizar la transparencia y trazabilidad en la prestación de los servicios sanitarios rurales.
Del mismo modo, prorrogó la constitución del Consejo Consultivo. Dicho órgano es clave para la orientación y supervisión de la implementación de la norma que regula los servicios.
Empero, todavía muchos comités y cooperativas no logran cumplir con los plazos establecidos en la citada norma. Se debe, principalmente, a la falta de capacitación, asistencia técnica y la imposibilidad de concretar actividades presenciales.
Nuevo calendario propuesto
El proyecto, despachado por la comisión y promovido por el diputado Víctor Alejandro Pino (DEM), busca extender nuevamente los plazos del inicio de la fiscalización de la siguiente manera:
A partir del 20 de noviembre de 2026, para los operadores clasificados en el segmento mayor.
Desde el 20 de noviembre de 2027, para los del segmento mediano.
Y a partir del 20 de noviembre de 2028, para los del segmento menor.
La finalidad de esta medida es asegurar una implementación gradual y adecuada de la ley, acorde a la realidad de las comunidades rurales.
Operadores de agua potable rural
El presidente de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru), José Rivera, también valoró la ampliación de los plazos. Señaló que es necesario tener una comprensión profunda de las realidades locales y de los desafíos que enfrentan los Comité y Cooperativas en la gestión del agua y el saneamiento. Llamó a atender, especialmente, a las comunidades con características geográficas y socioeconómicas complejas.
Paralelamente, evidenció las limitaciones que tienen en cuanto a recursos humanos, técnicos y financieros. Agregó que las fiscalizaciones implican una carga administrativa que quienes integran las directivas deben asegurarse de cumplir. Esto puede verse como una tarea “ardua y desmotivante” si no hay incentivos para participar activamente. Por lo tanto, solicitó, además de la prórroga, profundizar el apoyo del gobierno en capacitaciones y recursos para poder cumplir fielmente el mandato de la ley.
Este punto fue respaldado por Rufino Hevia, representante de APR´S Chile. En su intervención, asimismo, planteó que, si no existen recursos aparejados a la prórroga, será un plazo más que no incidirá en temas de fondo.
