La ministra Romy Rutherford decidió procesar al excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por la malversación de 5.100 millones de pesos por Ley de gastos reservados, en el último día antes de terminar su período en visita en la Corte Marcial, en medio del cierre de procesos tras casi siete años a cargo.
Rutherford amplió el procesamiento por malversación de caudales públicos en contra del excomandante Cheyre. Esto, en la arista de gastos reservados por el uso de $2.400 millones, que al día de hoy equivalen a $5.104.903.756, entre 2002 y 2006.
Según consignó El Mercurio, la ampliación del procesamiento también se refiere al delito reiterado de falsedad de documento público, por declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, entre 2003 y 2005.
La decisión de la magistrada se dio el sábado recién pasado y supone un nuevo episodio judicial por los millonarios fraudes cometidos por los altos mandos de la institución castrense.
El comandante en jefe entre 2002 y 2006 había quedado en prisión preventiva en octubre del 2022 tras ser imputado por perjuicio fiscal por una suma de 128 mil millones de pesos en el mismo caso. Pese a ello, su defensa puso un recurso en la Corte Marcial, que dictaminó su libertad bajo fianza.
Su abogado representante, Jorge Bofill, señaló que hasta el sábado por la noche “no hemos sido notificados de un nuevo procesamiento al general (r) Juan Emilio Cheyre” e informó que “hemos impugnado (durante la semana pasada) un informe pericial de la PDI, y esperamos sea considerado”, sostiene La Tercera.
La magistrada ordenó que Cheyre quede en prisión preventiva como medida cautelar, lo que se determinará hoy unes 4, día en que está citado para ser notificado de la decisión.
La otra condena
Además de la investigación judicial por el fraude en el Ejército, en noviembre de 2018 Juan Emilio Cheyre fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada por encubrir 15 homicidios calificados en la “Caravana de la Muerte”, en un hecho ocurrido durante la dictadura cívico militar, en 1973.
En octubre del 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó su sentencia, en la que también se le prohibió postular o ejercer cargos de representación pública.
