Señor Director:
El 18 de abril 1978, la dictadura cívico-militar dictó el Decreto Ley 2.191, mediante el cual le concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos, cometidos entre el 11-9-1973 al 10-3-1978, en calidad de autores, cómplices o encubridores. Durante este período (1973-1978), el país se mantuvo bajo Estado de Sitio y miles de chilenos fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos como: los allanamientos en sus hogares, detenciones, secuestros, la tortura, ejecuciones, desapariciones, muertes, entre otros. Al entrar en vigencia la ley de Amnistía, los tribunales de justicia se declararon incompetentes en casos de violaciones a los derechos humanos, trasladando los casos a la justicia militar. Así, se impidió investigar y procesar a involucrados en actos criminales; garantizando impunidad a los agentes del Estado responsables de los hechos. En 1991 estalló escándalo de los “Pinocheques”; entonces, el general Pinochet ordenó al ejército el acuartelamiento, lo que se conoció como “ejercicio de enlace”. En 1993 la causa se reactivó; ante esto, el general Pinochet respondió con un movimiento de tropas, lo cual se llamó “El Boinazo”. La democracia debe construirse en verdad y justicia.
Derico Cofré Catri
