Con el objetivo de controlar la expansión del covid-19 en la intercomuna Chillán y Chillán Viejo se decretó una segunda cuarentena, que obliga a las personas a estar confinadas en sus casas, al menos por 21 días. Se trata de una estrategia que logra mantener el virus a raya por un rato, pero que daña prolongadamente a la economía.
La pandemia empujó la tasa de desempleo a 12,1%, según el reporte oficial, pero sabemos que la realidad es muy distinta y que la cesantía supera el 25%, pues una buena parte de la fuerza de trabajo abandonó el mercado, ya no busca empleo, y por ende no es medido por el INE. Esta dinámica regresiva se intensifica y la economía abulta su saldo en rojo, amenazando con hacer estragos sociales en el corto plazo.
Hay un alto porcentaje de chillanejos y chillanejas que vive de un sustento diario que hoy no puede conseguir. Esa es la realidad de una ciudad -y de una economía como la nuestra- que además de registrar una alta informalidad laboral, ha sufrido un enorme impacto en la masa laboral contratada. Este año, 56 mil 362 personas han utilizado el seguro de cesantía, según estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, actualizadas al 30 de agosto.
La adopción de la cuarentena obligatoria se justifica ante la necesidad de reducir el ritmo de propagación del Covid-19 -que en Chillán alcanza una de las mayores velocidades del país- y aplanar la curva de contagios para impedir el colapso de nuestro sistema de salud, que ya se encuentra bastante presionado.
No obstante, la otra cara del distanciamiento social es el severo impacto en las actividades económicas, tanto en las empresas como en los hogares. Y dentro de las familias que con más dureza experimentan el confinamiento están, obviamente, las más vulnerables, la de trabajadores y trabajadores informales que aquí se concentran en los sectores comercio, construcción y hogares como empleadores.
Si bien el shock generado por la pandemia global es generalizado y lo viven todos los sectores económicos, es evidente que el Gobierno debe concentrarse en los más pobres. Y lo ha hecho, pero no de forma completa, pues sus programas focalizados han carecido de suficiente alcance, se han enredado en la burocracia o simplemente no han funcionado, como ha ocurrido con los trabajadores independientes que precisamente no tienen acceso al seguro de desempleo.
Es evidente que las necesidades de miles de hogares son abundantes y crecerán por las restricciones económicas propias de las medidas sanitarias. Por lo mismo, el Gobierno debe concentrarse en primer lugar en esos compatriotas con mayores carencias.
Es una obligación ética mitigar el impacto de la cuarentena en una ciudad como la nuestra, empobrecida, con los sueldos más bajos de Chile y que por lo mismo requiere una atención especial de parte del Gobierno para soportar una pandemia que claramente amplifica las desigualdades e inequidades sociales.
