Los llamados “amarres” se están convirtiendo en una práctica cada vez más habitual de los gobiernos salientes, ya sea a nivel de la administración central, como también a nivel local. Se trata de aquellos funcionarios públicos contratados en las postrimerías de una administración, con plazos que van desde un año hasta el contrato indefinido, como ocurre con aquellos que son incorporados a la planta, convirtiéndose en “herencias” no deseadas para las nuevas autoridades.
Muchos de ellos llegaron a esos cargos porque contaban con la confianza de la autoridad saliente, y sin desmerecer sus eventuales capacidades técnicas, no correspondería que se mantuvieran en dichos puestos si no cuentan con la confianza de la autoridad entrante. De hecho, la tradición es que los funcionarios de confianza llegan con la autoridad, y se van con la autoridad, entendiendo que existe una afinidad política o personal; de esta forma, eso le brinda la posibilidad -y fundamentalmente, las vacantes- a la nueva autoridad para que pueda incorporar a personas de su confianza.
En el proceso de transición del gobierno del Presidente Sebastián Piñera al futuro gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, ya se han comenzado a denunciar algunos “amarres” en varios servicios públicos en la región de Ñuble, una realidad que no debe ser muy distinta en otras regiones.
Dirigentes de la ANEF y de la Fenats, en Ñuble, se reunieron con el gobernador regional Óscar Crisóstomo, para plantearle su preocupación por esta situación, puesto que ven en ello potenciales trabas a la futura gestión.
Lamentablemente, el servicio público se ha convertido, en algunos casos, en un botín político, y peor aún, en una caja pagadora del activismo político partidista, un fenómeno que está lejos de ir en retirada. Incluso, la Alta Dirección Pública ha sido objeto de críticas por el supuesto uso de criterios políticos en la selección de los candidatos, algo particularmente grave que pone en entredicho el corazón del sistema.
Siendo realistas, lamentablemente, esta práctica no desaparecerá porque se levanten algunas voces ocasionalmente pidiendo orden, y como ocurre siempre, después de un tiempo, los temas importantes son superados por los urgentes, hasta que nuevamente son reflotados. Probablemente, en cuatro años más. Y si bien se agradece el llamado del gobernador a hacer un traspaso “en buena lid”, es oportuno también comprometer a las futuras autoridades con hacerse cargo de las reformas legales necesarias para evitar que esta situación se siga repitiendo, regulando esta necesidad, con transparencia, a partir de la experiencia, escuchando la opinión de los distintos actores involucrados.
La dotación de personal de la administración pública en la región es muy pequeña en comparación con otras regiones, razón por la cual no nos podemos dar el lujo de desperdiciar esos recursos en funcionarios que no tienen más mérito que su afiliación política. Un desafío clave para el país y que aún no ha sido abordado con la urgencia que requiere, es la necesaria modernización del Estado, que sea más eficiente, que responda a las nuevas demandas de la población, con un mayor estándar ético, que se adapte a las nuevas tecnologías de la información y con la suficiente flexibilidad que requieren los gobiernos para materializar sus programas.
