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Amarillos por Chile recurrió a Contraloría Regional para denunciar un supuesto intervencionismo electoral del gobernador regional, Óscar Crisóstomo, quien el pasado viernes 3 de mayo participó en el acto de proclamación del candidato a alcalde independiente por Portezuelo y actual concejal, Juan Carlos Ramírez.
“Se trata de probables infracciones a la ley electoral que regula los procesos eleccionarios y a las normas que regulan su actuación como autoridad, en tanto la obligación de prescindencia política de la que él tiene obligatoriedad”, sostuvo el presidente regional de la colectividad, Reinaldo Figueroa.
Según el dirigente, “en el acto de proclamación el gobernador procedió, ante decenas de personas, a firmar con su rúbrica un documento de respaldo, otorgándole el apoyo y sancionando a este como candidato a alcalde. Al mismo acto concurrió el consejero de gobierno, Iter Stuardo, quien también firmó el documento, apareciendo en ese instrumento también el nombre del diputado Felipe Camaño, quien no firmó. Se configura aquí, por la actuación irresponsable del gobernador regional, una intervención electoral grave, porque con este hecho está lesionando la competencia, está lesionando la salud del sistema democrático”.
Figueroa realizó la denuncia acompañado del precandidato a alcalde de Amarillos por Portezuelo, Rodrigo Castro. “La verdad es que a este tipo de actos hay que ponerles freno, nosotros como Amarillos por Chile, al hacer esto, intentamos frenarlo, intentamos salvaguardar el derecho que tienen todos los partidos políticos y todos los candidatos, también los independientes, de competir en igualdad de condiciones. Esto es un hecho grave del que va a tener que rendir cuentas, y esperamos que los organismos contralores hagan su parte para esclarecer esto y sancionar si es preciso. Yo no sé si en este acto funcionaron o no funcionaron los controles de la gobernación, pero me da la impresión que quienes están ahí y que tienen la obligatoriedad de ejercer estos controles, las fiscalizaciones correspondientes, no sé si las hacen o están facilitando que estas cosas ocurran”, añadió Figueroa.
En el escrito ingresado a Contraloría, el partido cuestiona, además, el hecho que “el candidato Juan Carlos Ramírez haya dado cuenta durante el acto, de la adjudicación de sillas metálicas para vecinos de Lo Ramírez, proyecto financiado con fondos de la Presidencia de la República, lo que podría constituir tráfico de influencias”.
Llamado a la prudencia
El gobernador, Óscar Crisóstomo, respondió a las acusaciones, apelando a que concurrió al acto en su calidad de ciudadano.
“Para despejar categóricamente todas las dudas que plantean quienes presentan esta acusación, participé de una actividad fuera de mi horario laboral, y ciertamente, sin utilizar recursos públicos, como lo instruye la normativa vigente. Por eso, hago un llamado a la prudencia y a evitar conductas que sustenten acusaciones infundadas, pues no contribuyen al trabajo de quienes queremos mejorar la vida de los habitantes de la región y cada una de sus comunas”, expresó la autoridad.
Instrucciones de Contraloría
A comienzos de abril, la Contraloría General de la República estimó necesario impartir instrucciones sobre el comportamiento que debe tener el personal de la Administración del Estado.
En el documento de 10 puntos y 28 páginas, advierte a los funcionarios públicos y autoridades sobre no realizar proselitismo al interior de la administración. No obstante, al margen del desempeño del cargo, “en su calidad de ciudadanos, se encuentran plenamente habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios”
