Para los repartidores de gas licuado, la molestia de los consumidores por el alza sostenida de los precios es cada vez más evidente: es recurrente que reciban reclamos e incluso, insultos, que en realidad van dirigidos a las marcas, las grandes envasadoras y distribuidoras, como Abastible, Lipigas y Gasco.
Según recordó Raúl San Martín, distribuidor minorista de Chillán, las quejas de la gente se vienen escuchando desde mediados del año pasado, cuando el precio del combustible escalaba a la par con otros productos, en un contexto inflacionario marcado por la crisis sanitaria, el alza del dólar y de las materias primas.
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El propietario de Gas Andes, que comercializa aproximadamente 8 mil cilindros mensuales, aseguró que “nosotros, como distribuidores, compramos gas a un precio, y nosotros tenemos la libertad de vender a un precio minorista, que considera costos, por ejemplo, la logística y distribución, además de un margen de utilidad que permita mantener a flote el negocio”.
“Yo comparto que el gas está caro, porque hemos llegado a tener el gas a $15 mil (balón de 15 kg.), pero paulatinamente ha ido subiendo, y eso no obedece a una decisión antojadiza nuestra, el precio se reajusta mensualmente según lo que informa la Enap y las distribuidoras grandes tienen sus pautas de precios”, reconoció San Martín.
“Hace dos semanas el gas subió $78 por kilo, a la semana siguiente subió $30 más, entonces, estamos hablando de más de $100 por kilo, por lo tanto, en un tarro de 15 kilos estamos hablando de $1.500. Pero esta semana bajó $50 el kilo”, relató.
Raúl San Martín enfatizó que “el distribuidor no se hace rico con esto”, aunque admitió que las grandes compañías son las que más ganan comparativamente, principalmente porque es un negocio de volúmenes, y por lo tanto, las eficiencias por economías de escala son absorbidas por ellas. “Porque uno no entiende que, por ejemplo, hay ventas futuras en que el gas se vende a $17 mil (balón de 15 kg.) y esos son los famosos cupones que entregan las municipalidades, las instituciones sin fines de lucro, los sindicatos, y uno se da cuenta que el cilindro podría llegar a costar 17-18 mil pesos, en circunstancias que nosotros lo compramos a mayor valor que eso, porque si a nosotros nos vendieran a 17-18 mil pesos el cilindro, el precio a consumidor podría bordear los 20-21 mil pesos”.
Municipios
Precisamente, en noviembre del año pasado surgió la iniciativa “Gas popular”, lanzada por el municipio de Chiguayante, para convertirse en distribuidor de gas licuado, sin embargo, la idea no se ha podido concretar debido a que se requiere una ley, cuyo proyecto está en el Congreso. En ese contexto, 44 municipios conformaron la agrupación “Gas a precio justo” que esperan la aprobación de la ley para poder ser distribuidores. Sin embargo, la implementación de distribuidoras “populares” enfrenta numerosas dificultades técnicas y elevados costos que podrían hacer inviables esas iniciativas, según plantean algunos críticos.
Mientras tanto, algunos municipios, como Chillán Viejo, San Nicolás y Ñiquén, entre otros, han optado por distintas alternativas para ayudar a sus vecinos, como, por ejemplo, hacer compras de futuro a precios mayoristas a las grandes distribuidoras, a través de la misma fórmula de convenios utilizada por los grandes sindicatos o federaciones de trabajadores. De esta forma, un cilindro de 15 kg. que en Chillán se comercializa a $24.250-$25.400 (con reparto), los vecinos de Chillán Viejo, inscritos en el registro social de hogares, pueden obtenerlo por $12.100 ó $13.200 (dependiendo del nivel de vulnerabilidad). Y si bien ese valor está subsidiado por la Municipalidad, en el caso de los trabajadores afiliados a los grandes sindicatos que hacen estos convenios, pueden acceder a cupones por precios entre $17.000 y $18.500.
Jorge del Pozo, alcalde de Chillán Viejo, hizo una positiva evaluación de este programa social. “Nos ha permitido afectar positivamente la vida de más de 4 mil famiias chillanvejanas que han visto una disminución de cerca de un 50% en el precio de sus recargas de gas. En el escenario actual, que es diferente al que teníamos cuando partimos, se hace desde nuestro punto de vista más importante focalizar la inversión pública y la ayuda social, pues el precio de este combustible ha sufrido un alza que verdaderamente para muchos es imposible de costear”.
Consultado sobre la viabilidad económica del programa en el largo plazo, el jefe comunal sostuvo que “cada política municipal debe someterse a una evaluación permanente, pues es evidente que si los precios bajan no resulta necesario seguir implementándolo. Sin embargo, en el contexto internacional actual, lo mantendremos, siguiendo la normativa y cumpliendo con los plazos establecidos en tiempo y forma. Como el precio va en alza, lo lógico es que muchas veces el aporte de los vecinos también lo haga, pero nuestro compromiso es que la ayuda municipal establecida en este programa social alcance o roce el 50% del valor final de manera constante”.
Coyuntura
Ahora, con la nueva escalada alcista del gas licuado como consecuencia del conflicto en Ucrania (el gas licuado es un derivado del petróleo), la preocupación ciudadana ha retornado a la agenda, de hecho, los alcaldes de “Gas a precio justo” piden reflotar el proyecto de ley.
El panorama no es alentador y si bien es difícil anticipar precios, algunos proyectan un alza acumulada en torno al 20% hacia junio, lo que podría llevar el valor del cilindro a cruzar el umbral de los $30 mil.
Es por ello que un grupo de parlamentarios, entre ellos, Frank Sauerbaum, de Ñuble, solicitó al Gobierno incluir al gas licuado envasado en el mecanismo de estabilización de precios.
El gas licuado, a diferencia de las gasolinas y el diésel, que cuentan con el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) para atenuar las alzas en el precio al consumidor final, no está bajo ese régimen, por lo que queda más expuesto a las fluctuaciones de los precios internacionales y los aumentos se traspasan de forma más directa.
“En la comisión de Hacienda hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno, después de la solicitud que le hemos hecho, de inyectar recursos a la Ley 19.030, que es la ley que en el 2011 creó el Sipco, que luego de eso derivó en el Mepco, pero en ese momento se consideró la parafina y al gas licuado de petróleo solo para uso vehicular, por lo tanto, hoy existe un fondo legalmente (Fondo de estabilización de precios del petróleo), pero no tiene recursos. Lo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas: Primero, entregarle recursos a este fondo, que también considere el gas licuado, pero se incluya al gas licuado domiciliario”, explicó Sauerbaum.
El parlamentario sostuvo que “el Gobierno se ha comprometido a entregarnos un proyecto de ley en abril, que incluya aumentar los recursos del FEPP, para aumentar entre 20 y 40 millones de dólares los recursos de este fondo, para que la parafina y el gas licuado de consumo domiciliario pueda bajar rápidamente de precio. Y paralelamente, el Gobierno dijo que está estudiando la denuncia de colusión que apunta a los grandes distribuidores de gas licuado, que es una situación delicada y que debían tener esos antecedentes antes de enviar la ley”.
Vicios de mercado
El año pasado también se reactivó la preocupación por los vicios de libre competencia en el mercado del gas licuado envasado en Chile, dominado por tres grandes actores. No solo se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, sino que también la Fiscalía Nacional Económica (FNE) elaboró un estudio que concluyó que “el mercado del gas no es suficientemente competitivo”.
De hecho, en su informe final, evacuado el 29 de diciembre pasado, la FNE hizo recomendaciones, entre ellas, que Gasco, Abastible y Lipigas no participen en la distribución de gas licuado a consumidores. Según la Fiscalía, en el mercado de distribución de gas licuado la competencia es baja por lo que el riesgo de coordinación es alto. Es decir, aunque no se advierte la existencia de actos de colusión, se encienden las alertas de un ambiente que podría propiciarlo.
Por ello, el 10 de enero pasado el Ejecutivo envió un proyecto de ley que busca regular el mercado del gas a partir de las recomendaciones de la FNE. En el texto se propone la desintegración completa del mercado mayorista respecto del mercado minorista, de tal manera que los mayoristas no podrán comercializar directamente al cliente final, no se permitirán contratos de exclusividad entre mayoristas y minoristas, no se permitirán empresas relacionadas entre mayoristas y minoristas, los minoristas podrán distribuir cilindros de diversas marcas mayoristas (multimarca) o cilindros propios en caso de registrarse como minoristas de marca propia y los mayoristas deberán dar acceso abierto a minoristas de marca propia a plantas de envasado de GLP, entre otras medidas.
Claudio Parés, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, afirmó que “hay que reconocer que el mercado del gas tiene ciertas particularidades que lo hacen, por su naturaleza, poco competitivo. El hecho que necesite una gran inversión inicial y grandes instalaciones para funcionar hacen que sea difícil que ingresen nuevos actores que acerquen los precios al costo de producción. De hecho, incluso en ausencia de colusión, es altamente probable que las empresas que participan de esta industria obtengan beneficios por encima de los que podríamos considerar normales”.
Consultado por el “Gas popular” de los municipios, el economista planteó que “no creo que puedan bajar los precios de manera efectiva. La distribución de gas requiere de una operación compleja y es un proceso caro. Si bien podría mejorar en parte el problema, y bajar el precio a los beneficiarios del programa, no son una solución masiva ni sostenible al alto costo del combustible”.
“Yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema, de manera sostenible, es reduciendo la demanda por gas. Si buscamos fuentes de energía alternativa o mejoramos el aislamiento de nuestras viviendas, necesitaremos menos gas para calefacción y/o cocinar. Al reducir esos requerimientos calóricos, la electricidad pasa a ser una alternativa razonable y, a partir de ahí, podemos retornar a la búsqueda de formas limpias de producir electricidad”, reflexionó Parés.
En ese sentido, advirtió que “no es solo la invasión rusa la que nos está generando el problema, sino también el calentamiento global y la cada vez mayor escasez de combustibles fósiles. Necesitamos pensar en serio en fuentes alternativas de energía y en dejar la dependencia del gas y el petróleo”.
El docente puntualizó que “por ahora, tiene sentido que tratemos de mantener estable el precio, tanto de los combustibles como del gas, pero deberíamos asumir que sus precios seguirán (y deberían seguir) al alza”.
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