Un intenso debate se desarrolló esta semana en la sala de la Cámara de Diputados, en torno a la reforma al Código de Aguas.
La iniciativa volvió a la corporación tras estar casi cinco años en el Senado, y terminó por ser enviada a una comisión mixta para dirimir las diferencias entre ambas instituciones.
Abrió el debate el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien calificó la propuesta como de la mayor importancia. Ello, considerando la situación de estrechez hídrica que afecta a Chile desde Atacama hasta la región del Biobío. El hecho, según acotó, impacta al 80% de la población y al 75% de la actividad económica.
Valoró, además, que la iniciativa entregue nuevas facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) y se reconozcan principios como el privilegiar el consumo humano y el cuidado del caudal ecológico.
Asimismo, resaltó que, de las 130 modificaciones realizadas por el Senado, solo un grupo menor sería parte de las controversias.
Temas en discusión
Uno de los temas que tuvo votación dividida fue la pérdida del derecho de aprovechamiento en el caso de no utilización para el cual fue adjudicado, situación que hoy solo se grava mediante el pago de patente. La Cámara aprobó que el plazo para extinguirlos por esta causal fuera de cuatro años para los consuntivos, y ocho para los no consuntivos. Este período fue modificado por el Senado a cinco y 10 años respectivamente, lo cual fue rechazado por los diputados.
También será revisado por la comisión mixta el artículo agregado por el Senado que señala que “los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estuvieren utilizando las aguas halladas en virtud de sus labores mineras y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 bis de este Código y del artículo 110 del Código de Minería, deberán informar a la Dirección General de Aguas los volúmenes extraídos con la forma y los requisitos prescritos en el inciso final del artículo 56 bis del Código de Aguas en el plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de esta ley”.
Uno de los temas con mayor oposición se relacionó con el artículo que “prohíbe la constitución de sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena”. Los senadores habían agregado el siguiente inciso: “Excepcionalmente, y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental, se permite el desarrollo de proyectos públicos de conectividad vial, en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que permitan la mantención de dichos sistemas ecológicos”.
Más de un centenar de legisladores no estuvo de acuerdo con la enmienda. Incluso, el diputado Gabriel Ascencio en particular solicitó que la prohibición también se extienda a la región de Los Lagos.
Desde la ciudadanía, además, se ha planteado que en caso de establecerse excepciones, estas involucren Estudio de Impacto Ambiental (y no sólo declaración), y que las obras “sean necesarias para el desarrollo de las actividades de usos sustentables por parte de comunidades locales e indígenas, y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades”, con el fin de no privilegiar actividades privadas industriales bajo el concepto de “proyectos públicos de conectividad vial”.
También hubo diferencias sobre el artículo corazón de la reforma, en el Artículo 6˚, en varios aspectos: la duración mínima de la concesión de los no consuntivos (los diputados plantearon 20 años, los senadores no pusieron piso) y el mecanismo para la prórroga (que en ambos casos es sucesiva, pero en la Cámara Alta se agregó que ésta sea “automática”).
Ñublensinos en comisión mixta
Los diputados Daniella Ciccardini (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Diego Ibáñez (CS) y Gabriel Ascencio (DC), y los senadores Isabel Allende (PS), Claudio Alvarado (UDI), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Juan Castro (RN) serán los encargados de dirimir los últimos ajustes a la reforma al Código de Aguas.
El senador por Ñuble de la UDI, Claudio Alvarado, sostuvo que en el actual contexto del país, de extrema sequía y emergencia agrícola en varias regiones, “se hace absolutamente necesario que la comisión mixta pueda despachar a la brevedad la reforma al Código de Aguas. Ojalá que las diferencias suscitadas con la Cámara de Diputados puedan abordarse responsablemente en torno a un acuerdo transversal político que se logró en el Senado, que establece con claridad el acceso preferente al agua para el consumo humano; en segundo término, las condiciones para en un horizonte de mediano y largo plazo, se aseguren inversiones para infraestructura de agua potable urbana y rural, obras de regadío con concesiones a 30 años que a su vez, tienen una serie de regulaciones para evitar la especulación, como ha ocurrido en el pasado; y en tercer término, tener total claridad que hay que avanzar rápidamente en actualizar nuestro Código de Aguas”, aseveró.
El diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum, reconoció en tanto el avance que significa el texto legal. Observó que un tema de larga discusión en agricultura fue dar certeza jurídica a las inversiones de los agricultores. Además, coincidió con otros legisladores respecto de la preocupación por los pequeños productores.
“Hago un llamado para acompañar con asesoría a los pequeños agricultores para regularizar sus títulos en los plazos de la ley”, acotó.
