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Este 2024 se cumplirán 25 años desde que se implementó una política pública de asociación publica privada en el sector de los denominados servicios sanitarios (agua potable y alcantarillado).
Así, en 1999 se produjo la incorporación de capital privado en las empresas estales EMOS (hoy Aguas Andinas) y las prestadoras de las regiones de O’Higgins y Los Lagos. Todos fueron procesos efectuados mediante licitaciones públicas y los adquirentes fueron los que ofrecieron el mejor precio.
En forma previa, se había modificado profundamente el marco regulatorio sectorial para asegurar que los nuevos operadores cumplieran a cabalidad con las obligaciones de cobertura, calidad y continuidad de los servicios y obtuvieran una remuneración razonable por ello.
Lo que estaba detrás de la política pública era, principalmente, la necesidad de enfrentar las inversiones para hacer el tratamiento de las aguas servidas que desde que se construyeron los primeros alcantarillados se descargaban crudas a nuestros ríos, lagos y playas de mar contaminándolas gravemente, en términos tales que las aguas de los ríos no se podían utilizar para regar y en las playas estaba prohibido el baño.
En una década se invirtieron más de US$ 2.500 millones y hoy tenemos el 100% de las aguas servidas debidamente tratadas. También, había que asegurar el abastecimiento de la población, pero no era el foco principal de esos años ya que el agua natural no escaseaba.
Pero la realidad cambió. En 14 de esos 25 años hemos vivido la sequía más extrema desde que se tienen registros. Sin embargo, en los hogares de los chilenos atendidos por empresas sanitarias el agua potable no ha faltado. Alguien se podría preguntar ¿Por qué? Es bastante simple: porque se han hecho las inversiones necesarias de manera oportuna (algunas contra el tiempo), en un ambiente de colaboración donde cada parte, el Estado y el sector privado han hecho su tarea.
Que ello haya ocurrido así no es fruto del azar. Es la consecuencia de una política estatal bien diseñada, que coloca los incentivos adecuados, que establece las responsabilidades de cada sector y contempla sanciones relevantes ante algún incumplimiento.
Es importante tener presente que esta política no fue aislada. Más o menos en los mismos años se inició la implementación de la ley de modernización del sector portuario estatal y se vieron los primeros frutos concretos de la ley de concesiones de obras públicas. En resumen, el Estado decidió asociarse con el sector privado para desarrollar una cartera de proyectos de gran significación para el desarrollo de Chile que, además, se tradujo en una importante liberación de recursos para ser destinados a inversión social.
Una política que, en lo grueso, ha sido tremendamente exitosa y que ha contribuido al crecimiento del país. En el caso del sector sanitario se ha traducido en que contemos con agua potable a pesar de que llueve una menor cantidad que antes. La tarea no ha terminado, el desafío del cambio climático exigirá más inversiones. ¿Podremos hacerlo? Sin lugar a dudas, solo se requiere voluntad y trabajo colaborativo.
Juan Eduardo Saldivia
Abogado, Ex Superintendente de Servicios Sanitarios, Consejero del CPI
