El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, ordenó un sumario administrativo con el fin de aclarar lo ocurrido en el interior del consistorio con la licitación de las luminarias led, la cual está cuestionada por presunta corrupción, luego de una investigación de la Fiscalía para indagar posibles delitos de cohecho, soborno, violación de secreto y eventual lavado de activos.
La autoridad comunal agregó que lo más probable es que las investigaciones al interior del municipio las conduzca alguno de los magistrados titulares de los Juzgados de Policía Local de Chillán.
El alcalde se refirió además, sin darlo por hecho, a un tema que debe ser confirmado y que se refiere a la eventual confiscación de una gruesa suma de dinero, por parte de la PDI, en la vivienda de uno de los supuestamente involucrados en este caso.
Según fuentes policiales, durante las pericias de la Policía Civil fueron detectados unos $37 millones al interior del vehículo de una de las personas aprendidas, lo que probablemente afectaría su futuro procesal.
El alcalde, en conocimiento de este hecho, pero a la vez apelando a una razonable duda, mencionó que en el caso de que fuera cierta esta versión el escenario cambiaría radicalmente.
Zarzar recalcó que ha mantenido una actitud de prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones y sobre todo de los hechos que sean expuestos durante la audiencia de formalización de los funcionarios Ricardo Vallejos, administrador municipal; y Marcelo Campos, abogado asesor externo, que ocurrirá mañana en San Carlos.
Si se comprueban eventuales delitos y si se advierte que hay evidencias claras respecto de que hubo influencia externa hacia la comisión, el alcalde remarcó que el contrato con la empresa Itelecom sería rescindido, pues se habría vulnerado un elemento esencial en este tipo de procesos, como es el secreto de los actos administrativos e igualdad entre oferentes.
Zarzar agregó que confía en la comisión municipal que realizó la licitación, pero “si se comprueba que un integrante de la comisión o alguien recibió dineros, quiere decir que pudo entregar información privilegiada y pudo influir en la presentación de esa empresa”.
“Cosas muy raras”
La actitud del alcalde va en la misma línea de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien fuera la primera en cuestionar a Itelecom luego de que esta participara en una licitación similar en su comuna, donde los estamentos técnicos municipales dejaron fuera de bases a empresas de reconocido prestigio.
Evelyn Matthei dijo a Radio La Discusión que tras abortar el proceso, analizaron concursos similares en otras urbes y pudieron determinar que se repetía un esquema similar, donde entidades con ofertas más económicas quedaban fuera de bases “y muchas veces ganaba esta empresa”.
“Miramos en el Mercado Público las licitaciones de luminarias y empezamos a ver cosas muy, muy raras, y se repetía siempre el nombre de esta empresa, Itelecom”, comentó la alcaldesa.
De esta manera, relató, llevó los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, pero esta entidad, tras analizarlos, derivó el expediente a la Fiscalía Nacional, lo que habría derivado en los procesos paralelos que se desarrollaron en Iquique y en Chillán.
Según datos de la licitación de Iquique, revisados por La Discusión, Itelecom ganó en septiembre de 2018 una licitación por $6.548.821.482, presentando una oferta económica inferior a varias empresas del rubro y proponiendo instalación de luminarias en un plazo de 134 días, contra otras propuestas que planificaban un trabajo en 260 o más días.
En el caso de Chillán, detalló el concejal Camilo Benavente, la empresa igualmente postuló con una oferta relativamente baja y además aseguró que el trabajo sería realizado en 90 días, en tanto que otros oferentes proponían hacerlo en 120 o más, lo que era un escenario más realista.
Benavente plantea que la empresa pudo haber propuesto un plazo de ejecución bajo con el solo propósito de ganar puntaje, “pues la multas a las que se exponía al superar el plazo, eran de no más de $14 millones. Durante la reunión de concejo donde fue aprobado el contrato, se nos indicó además que se daría un período de gracia de 30 días más antes de que comenzara el cobro de multas”.
