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Desde el Hogar Sacerdotal Santo Cura de Ars en Santiago, llegó al Juzgado de Letras de San Carlos, el obispo emérito de la Diócesis de Chillán, Alberto Jara, para prestar declaración ante acusaciones de presunto encubrimiento de los abusos del exsacerdote Juan Alberto Arroyo. Anteriormente ya había dado su testimonio a la PDI en la casa sacerdotal en la que reside.
La declaración por presunto encubrimiento de este caso, se suma a la que el año pasado prestaron los sacerdotes de la Diócesis, Pedro Rodríguez y Luis Concha. Además, de la del obispo emérito Carlos Pellegrin.
Juan Alberto Arroyo
La sanción que apartó a Arroyo del ministerio, habría sido producto de conductas impropias, luego de ser sorprendido por alumnas del Colegio La Purísima viendo pornografía en su oficina en 2012. El Obispado inició una investigación que terminó con una sanción eclesiástica que lo apartó de su investidura.
Sin embargo, el Obispado de Chillán habría estado en conocimiento de presuntos abusos por parte del sacerdote antes y después de enterarse de los hechos presenciados por las alumnas, no informando a la justicia que la causa por la que apartó al sacerdote no era solo conductas impropias.
El denunciante tenía 16 años al momento de los abusos que se habrían prolongado durante tres años a fines de la década del 70. Arroyo, fue trasladado desde La Sagrada Familia a la parroquia de El Carmen en los 80.
Aproximadamente en el año 95, durante la administración de Jara, la madre de la presunta víctima fue a entregar una carta a funcionarios del Obispado de la época relatando los hechos, pero no tuvo ninguna respuesta. La madre, según cuentan cercanos a la víctima, tomó la decisión porque Arroyo iba a ser traladado nuevamente a La Sagrada Familia.
El caso se encuentra bajo el sistema judicial antiguo, pues fue denunciado antes de que el fiscal nacional ordenara que el Ministerio Público indagara todos los casos de presuntos abusos cometidos por miembros del clero, independientemente de si estuviesen prescritos.
Importancia de la declaración
Mabel Pérez, psicóloga de la Comisión de Apoyo Integral a Víctimas de Abuso Eclesiástico de Ñuble, que funciona con independencia del Obispado y la Red laical, sostuvo que “estamos esperanzados de que todas las gestiones que está ejecutando la Fiscalía vayan aportando al esclarecimiento de los hechos, así que esperamos que todas las personas que sean convocadas para aportar a la investigación puedan hacerlo, y que se vayan esclareciendo las situaciones judiciales, especialmente por los procesos internos que tienen que hacer las víctimas en búsqueda de justicia”.
En relación a la importancia del testimonio de Jara, la psicóloga aseguró que “en la Diócesis ha habido una cultura del encubrimiento, quien estaba a cargo de la Iglesia en la región, tendrá seguramente información importante para la investigación”.
Pérez detalló que “cuando nos fuimos acercando al caso de la víctima de Arroyo, cuando la acompañamos en la revelación de los sucesos, uno no puede ignorar los niveles de responsabilidad que hayan tenido quienes estaban a cargo, ya que incluso la víctima afirma que manifestaron denuncias, y que se sabía que el sacerdote estaba siendo trasladado de los lugares donde estaba, porque habían comentarios o concretamente denuncias, por parte de otras personas, debido a los comportamientos que tenía en los lugares donde ejercía su rol de párroco”.
Y agregó que “Alberto Jara y varias personas que han recibido denuncias, deberían tener un acto de compasión con quienes sufrieron este tipo de agresión, y ese acto es pedir perdón por las negligencias que se cometieron, por no haber protegido a quienes debían. Como Comisión hemos trabajado con un número importante de víctimas que tenían una condición muy vulnerable”.
Caso Baeza
Otro de los casos en los que el obispo emérito ha sido criticado es el del excura Jorge Baeza, pues sus denunciantes aseguran no haber sido acogidas cuando presentaron la denuncia ante Jara, quien solo se limitó a publicar un inserto en el diario informando que el sacerdote estaba fuera de la Iglesia.
“Al hacer (la declaración) queremos acompañar con nuestra comprensión a las personas o grupos que, habiendo tenido especial cercanía con el afectado, puedan sentirse sorprendidas o defraudadas”, afirmó el Obispado en 1996.
